Partimos de la idea de que los mexicanos deseamos vivir en un país más desarrollado y menos injusto, que haya solucionado los niveles de pobreza y desempleo que nos aquejan, mejor ubicado en el contexto internacional y con un rumbo que nos lleve a instaurar una sociedad del conocimiento. Lograr tales propósitos requiere concebir la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura como los pilares de la transformación de la sociedad. La tarea es compleja porque sólo se puede realizar cabalmente a lo largo de varias generaciones, aunque con la nuestra hay que empezar. Es muy laboriosa porque las tendencias nacionales y globales sugieren escenarios difíciles de enfrentar para una auténtica renovación económica, política, social y educativa.
Un nuevo modelo de desarrollo debe ser impulsado, desde sus bases, por una educación que sirva a los estudiantes para realizarse intelectualmente y de manera práctica en su vida cotidiana presente y futura. Que les otorgue conocimientos y forje actitudes para comprometerse con el cambio de su entorno, para relacionarse con la otredad de manera respetuosa y con responsabilidad por el interés colectivo.
Queremos un país con una pobreza reducida al extremo, en el cual las personas vivan sin pánico. A México le conviene eliminar la exclusión, que es uno de sus principales flagelos. En esta época digital, en la que se forma la economía del conocimiento, el país requiere una población con cultura, capaz de adherirse a los avances de la ciencia y una fuerza de trabajo capaz de brindarle competitividad a la economía y a la sociedad en la esfera global, que se sienta apoyada con oportunidades educativas en todas las etapas de su ciclo vital y laboral, para que pueda progresar en lo personal. Con lo anterior podrá extenderse el mercado interno y lograrse un desarrollo social más equilibrado. Con más y mejor educación, los mexicanos tendrán recursos económicos e intelectuales para ganar y mantener la parte del poder que, en justicia, le corresponda a cada quien en una democracia. Con una población más educada, la sociedad podrá recrear y proyectar su propia cultura.
En un lapso breve, la reforma al sistema educativo coadyuvará a romper los circuitos de reproducción de la desigualdad social. Por ello, esta propuesta asume que todas las personas deben recibir la mejor educación posible. La educación a los niños, desde muy pequeños, sirve para que tengan un desarrollo mental más amplio, que les permita enfrentar todo aquello que tengan que aprender en el futuro. Habrá que recordar que en esta etapa de la vida, la familia desempeña un papel crucial en la educación de los menores.
En el tránsito por la niñez, la escuela, y en ella el salón de clases, es donde se genera la buena educación. Los especialistas indican que la escuela es el punto donde se gestan los cambios en la enseñanza, las pedagogías y el proceso educativo. En la actualidad, las escuelas más eficaces se sustentan en ejercicios menos repetitivos, tareas de elaboración más compleja y materias cuyos contenidos son cognitivamente más demandantes (Báez de la Fe, 1994; Arnaiz Sánchez, 2012).
Todos los niños requieren ser educados en escuelas que les aseguren aprendizajes relevantes para tener logros escolares más adelante. ¡Que todos los niños conozcan historia, arte y literatura! El currículo escolar básico debe contener, además, matemáticas y ser orientado al desarrollo del razonamiento lógico. Es necesario que incorpore, asimismo, la ubicación de la persona en su espacio, geografía, inglés como lengua franca y cómputo. La formación cívica y ética es una materia revisada y, no obstante, hay que adecuarla a las circunstancias y tiempos del país. La enseñanza de todas estas materias y el aprendizaje ocurren junto al proceso de socialización, en una escuela que opera con autonomía y flexibilidad, que cuenta con los materiales de enseñanza, buena infraestructura y que renueva permanentemente la vinculación con las familias, la comunidad, o el barrio y el entorno. Esto es lo que implica una buena educación (Schmelkes, 2001; Martín Ortega, 2009; OCDE, 2011).
Para el México del presente resulta ineludible la responsabilidad de garantizar a todos los niños y adolescentes una educación básica de excelente calidad. Para alcanzarla hay que actuar en varios frentes: extender la jornada escolar, para que obligatoriamente los estudiantes hagan deporte, para que aprendan a obtener información y usarla, para que sepan comunicarse y para que practiquen alguna labor artística. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) debe evaluar continuamente el logro de los avances educativos y sugerir los cambios de rumbo.
Desde luego es deber del Estado ofrecer una buena educación a todos los niños y jóvenes. Pero los esfuerzos de los gobiernos, el federal, los estatales y los municipales, no son suficientes. Por ello sostenemos que el compromiso histórico de educar para este siglo corresponde a todos los sectores sociales, incluidos el privado y el social, bajo las directrices de las políticas públicas en la materia. En México marcharemos hacia un pacto social por la educación básica para resolver con éxito la transformación educativa del país y apoyar el desarrollo de la nación.
Como ha quedado de manifiesto en las evaluaciones educativas internacionales en que México participa, el aprendizaje que consiguen los niños y jóvenes en la educación básica es insatisfactorio. En este renglón estamos francamente a la zaga de las naciones más desarrolladas, y también en condición desigual frente a países con niveles de desarrollo comparables al nuestro. Remontar esta desventaja es un reto insoslayable, no sólo porque es una condición fundamental para encarar retos de competitividad global en otros ámbitos, sino porque implica un parámetro de referencia en torno al cual es posible ponderar hasta qué punto se va aproximando el objetivo de conseguir una educación básica de calidad apropiada (Martínez Rizo, 2008).
Esto quiere decir que el derecho a la educación requiere ser reinterpretado y contar con condiciones de exigibilidad, no sólo en términos de oportunidades de acceso y permanencia en el sistema escolar, sino fundamentalmente como derecho a la calidad educativa. En el mismo sentido, el Estado deberá obligarse a despegar procesos de alta calidad académica en los medios socioeconómicos más vulnerables, con especial atención en las poblaciones indígenas. Es éste un escenario factible, en el cual la distribución de recursos educativos revitalice las opciones de movilidad económica, así como bases renovadas para la indispensable restitución del tejido social (INEE, 2009).
Un capítulo de este libro está dedicado al magisterio. Por ahora diremos que, hacia el primer cuarto de siglo, el cambio educativo habrá de requerir mejores profesores que los que hoy tenemos. La investigación educativa ha dado pruebas de que el logro académico de los estudiantes está estrechamente relacionado con la calidad de la docencia. Un buen maestro es egresado de una licenciatura y ha demostrado tener competencia en el conocimiento de la materia, o las materias que imparte y de la pedagogía y didáctica que emplea. El profesor es la figura clave que determina qué tan bien aprenderán los niños; es la figura modélica del aula (Uribe, 2005).
El vínculo entre profesores y padres de familia es de la mayor importancia para el aprendizaje de los niños. En la preparación de los maestros, las escuelas normales y otras instituciones de educación superior (IES) especializadas juegan un papel de primer orden. El gobierno debe cubrir los costos de entrenamiento de la planta académica en funciones mediante becas que les dispensen su presencia en el aula por un determinado tiempo para reciclar contenidos y técnicas de la enseñanza. Hay que mejorar el reclutamiento, la permanencia y las recompensas a los profesores, solucionar las diferencias de género, tener en cuenta que las profesoras de primaria son al mismo tiempo madres, y crear un canal de comunicación con la sociedad para elevar su prestigio ocupacional. La meta es conseguir que la figura del maestro goce de plena confianza y respeto en la sociedad (Marcelo García, 1994).
Está pendiente que el país resuelva el rezago educativo, que hoy alcanza a más de 30 millones de personas de 15 años y más. Todos los niños deben saber leer y escribir desde los primeros años de primaria. Para combatir el rezago de los jóvenes, adultos y adultos mayores, se requiere revisar el funcionamiento del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), para contar con recursos y medidas que eliminen el analfabetismo y el rezago en los próximos 10 años, incluido el analfabetismo digital. En la actualidad, las tendencias demográficas abren interesantes posibilidades para aprovechar la infraestructura escolar existente en tareas de alfabetización y combate al rezago, lo que sin duda es una opción a explorar en el futuro inmediato.
La composición demográfica del país se está transformando. Hacia el año 2025 va a reducirse el grupo de 12 a 29 años de edad y van a crecer los grupos en edad de trabajar y los segmentos de mayor edad. Los cambios demográficos implican varios desafíos para el sistema educativo. Uno de ellos será armonizar los recursos magisteriales y la infraestructura con el monto de la matrícula en la primaria. Otro será abrir las oportunidades educativas a la población que concluyó un nivel de estudios y que desea seguir estudiando. Finalmente, se requiere abrir nuevos espacios escolares para que la población económicamente activa pueda reciclar sus conocimientos a lo largo del ciclo laboral y para que las personas de la tercera edad pasen tiempo ejercitando su creatividad. En este punto EDUSAT, los canales de televisión del Estado, internet y las nuevas tecnologías de la comunicación deben jugar un papel relevante para cumplir los objetivos y metas del plan.
En el bachillerato, necesitamos ampliar las perspectivas. Llevarlo al año 2023 requiere enfocar su transformación desde tres perspectivas. La primera es contar con un bachillerato que sea intelectualmente atractivo y estimulante para los jóvenes estudiantes, de tal manera que disminuya la deserción a la salida de la secundaria y que el ciclo de enseñanza media superior consiga mejorar sustancialmente los niveles de eficiencia terminal vigentes. En varios sentidos, el bachillerato representa, a la vez, la culminación de los estudios básicos y la preparación para una formación universitaria o tecnológica. En este ciclo los conocimientos y competencias de lectura, escritura y matemáticas alcanzan una expresión teórica y práctica que permiten al estudiante aproximarse a las humanidades, las ciencias y las tecnologías. Por esta razón, brindar educación media superior de buena calidad a todos los jóvenes representa una invaluable oportunidad para acrecentar la preparación intelectual y cultural de la población en su conjunto, así como para renovar, sobre bases más firmes y mejor orientadas, la preparación de los futuros profesionistas de México (De Ibarrola y Gallart, 1995; Zorrilla Alcalá, 2008).
Por otra parte, en la etapa del bachillerato los estudiantes observan la escuela como un espacio en el que se aprenden cosas, pero también como un espacio en el que transcurre la vida juvenil. Es una etapa lúdica donde el placer es estar juntos, en la que se desarrolla una cultura comunitaria y se acentúan diferencias. Estudiar juntos, hacer deporte, escuchar música, bailar, ir al cine, hacer teatro.
La segunda perspectiva es entender que al final del bachillerato los estudiantes deciden qué van a ser y hacer en la vida. Al término del bachillerato se da una elección importante: los jóvenes pueden decidir no seguir estudiando y comenzar a trabajar. Quienes deciden estudiar la licenciatura han elegido ya el área de su carrera, de acuerdo con sus intereses vocacionales y de conocimiento, así como de sus aspiraciones. Eligen la institución donde van a cursar su carrera. Los jóvenes, además, egresan del bachillerato a una edad en la que ya tienen derechos y obligaciones ciudadanas, motivo por el cual en el bachillerato requieren una atención esmerada de profesores y autoridades escolares. Los cursos en el bachillerato buscan que los estudiantes adquieran autonomía como personas frente a los otros y como ciudadanos.
La orientación vocacional es crucial para los jóvenes. En el bachillerato se gesta el espíritu de la ciencia y se forma una civilidad que trasciende el espacio local. Ahí se terminan de articular los referentes lógicos y éticos de las personas. Por ello, el aprendizaje de disciplinas científicas y humanísticas cobra máxima relevancia: enseñan a abstraer y a reflexionar, a adquirir el hábito de la lectura y el compromiso con el trabajo; también consigo mismo, con la sexualidad y con la familia.
Hay dos grandes modelos educativos en la enseñanza media superior: el bachillerato universitario y el tecnológico. La reforma de este nivel, que comenzó en el sexenio 2006-2012, busca darles correspondencia y relacionarlos para que los estudiantes que sigan una carrera cuenten con elementos para tener un mejor rendimiento escolar y un aprovechamiento mayor de la universidad. La reforma puede ajustarse y seguirse mediante una comunicación fluida entre los subsistemas del bachillerato sobre la base de intereses académicos y formativos comunes. Lo más importante, sin embargo, es brindar a las instituciones existentes, así como a las que se vayan a establecer, condiciones para adecuar el currículo y los métodos de enseñanza y aprendizaje a los nuevos desarrollos del conocimiento científico y humanístico. No menos relevante es enfrentar la creciente brecha generacional en este ciclo de estudios a través de la renovación del plantel académico en funciones.
La tercera y última perspectiva se refiere al logro de la universalización de la enseñanza media superior. En el país y en cada uno de los estados que lo forman habrá de realizarse un esfuerzo mayúsculo para elevar la cobertura, de tal suerte que todos los jóvenes que terminen secundaria puedan hacer estudios de bachillerato. Para que esta meta sea posible es indispensable establecer cuando menos dos condiciones básicas: en primer lugar, una oferta pública suficiente y adecuadamente distribuida en todo el territorio nacional. Al respecto se debe procurar que en la gran mayoría de las localidades del país existan opciones de enseñanza media superior de carácter escolarizado, enfocando la modalidad a distancia no como un sustituto de la opción presencial, sino como una alternativa para aquellos estudiantes que no están en condiciones de cumplir con la asistencia escolar requerida. En segundo lugar, apoyos económicos para la población estudiantil de bachillerato de menos recursos. A fin de asegurar la permanencia en el ciclo, resulta indispensable contar con un programa de becas que garantice los recursos necesarios para subsistir en calidad de estudiante a todo aquel joven que, en función de sus condiciones materiales, necesite esta posibilidad.
Desde otro punto de vista, México atraviesa por problemas de enorme gravedad, los propios y los que han llegado con la globalización. Hoy enfrentamos desafíos sin precedente histórico. Los problemas de energéticos, agua, salud, medio ambiente y alimentación, la falta de innovación, entre otros, exigen que el sistema educativo de nivel superior se transforme radicalmente. Para desarrollarnos en la sociedad del conocimiento necesitamos profesionistas de alto nivel, científicos y humanistas dedicados a la producción de conocimiento y una sociedad que tenga cultura científica y la valore (Aguilar Camín y Castañeda, 2010).
Conviene advertir que, en el plano internacional, existe alto grado de consenso sobre la importancia del conocimiento científico como un elemento que genera valor al entrar en contacto con procesos productivos y servicios. No se trata del consabido diferencial de productividad por uso intensivo de tecnología. Es una noción más amplia: las economías que incorporan fuerza de trabajo calificada, tecnología de vanguardia e innovaciones en los procesos de producción, gestión y distribución, adquieren ventajas comparativas, mejoran su competitividad, crecen más rápidamente y obtienen mayores ganancias. Si bien esta cadena de factores se vuelve trivial, por conocida, al referirla a la competencia empresarial, su pertinencia resulta menos obvia en el ámbito macroeconómico, donde los factores de acumulación y crecimiento del producto, así como los procesos de distribución, suelen ser más complejos y diferenciados (Gibbons et al., 1994; Brinkley, 2006).
En este último aspecto varias investigaciones sobre la economía de la educación y la ciencia han establecido correlaciones positivas entre el desarrollo científico y tecnológico, la formación de capital humano, las capacidades de innovación, el grado de competitividad internacional, y el nivel y ritmo de crecimiento macroeconómico. Aún está en debate el orden de los factores, principalmente si la inversión en educación e investigación científica, como tal, genera desarrollo y crecimiento; o viceversa, si el nivel de desarrollo conseguido genera oportunidades en esos rubros. También se discute hasta qué punto el nivel de escolarización afecta positivamente los índices de productividad, de qué manera la inversión en ciencia y tecnología se concreta en competitividad, y cuáles son, en todo caso, los límites del modelo. No obstante, al lado del debate académico, en la mayor parte de los países avanzados y en las regiones con economías más sólidas ocurre una definida percepción sobre la necesidad y las ventajas de avanzar hacia un estadio de desarrollo descrito en términos de sociedad del conocimiento.
Entre las pautas que apuntan en dirección de la sociedad del conocimiento se identifican las siguientes:
• Sistemas educativos que hacen posible que la mayor parte de la población —las nuevas y las antiguas generaciones— tenga acceso, condiciones de aprovechar y capacidad de generar conocimientos relevantes para la transformación productiva del entorno.
• La consolidación de la sociedad de la información, expresada en términos de la tendencia hacia la integración de redes informáticas, en sustitución del modelo de acceso aislado al poder de cómputo.
• Convergencia digital. Alude a la expansión sobre procesos, productos y medios de tecnologías de base digital e informática.
• Una creciente importancia de las innovaciones como fuente de competitividad y como instrumento para acrecentar la eficiencia y la eficacia de organizaciones de todo tipo. La innovación se define, en términos generales, como aplicación de conocimientos para renovar la forma de hacer cosas.
• Capacidad y autonomía tecnológica, generalmente representadas por las condiciones para generar tecnologías y otros procesos de innovación; por la capacidad de proteger estos desarrollos mediante patentes y otros derechos de protección intelectual y fundamentalmente por la posibilidad de transferir conocimientos en el desarrollo de nuevos productos y servicios.
• El desarrollo de economías centradas en servicios. Se subraya el papel del sector servicios en la provisión de bienes intangibles para clientes específicos, particularmente procesamiento de información e interacción humana.
• Aprendizaje social. El concepto involucra inversiones sustantivas para mejorar la calidad de la educación y la capacitación, así como para determinar el orden de destrezas y conocimientos económica y socialmente relevantes. En el ámbito político, la idea de aprendizaje permanente se ubica como una prioridad clave, con particular énfasis en moldear sujetos adaptables con capacidad para adquirir nuevas competencias y aprendizajes.
• Los propios retos de la globalización, que estimulan las tendencias apuntadas, las cuales, a su vez, actúan como soporte e incentivo de corrientes globales.
En el escenario deseable las universidades, públicas y privadas, van a pertenecer a un sistema educativo organizado en una estructura de redes, con la posibilidad de establecer alianzas mediante proyectos académicos compartidos. Las conexiones interinstitucionales serán altamente ponderadas. Las universidades de investigación y los institutos y universidades tecnológicos apoyarán el despegue de la economía del conocimiento. Quiere esto decir que la educación superior, la ciencia, la tecnología y la cultura irán de la mano, con responsabilidad social y con claridad meridiana volcadas al desarrollo del entorno local, al cual traerán visiones cosmopolitas para engancharse al movimiento internacional del conocimiento y aprovechar los avances científicos del mundo en beneficio propio.
El gobierno federal auspiciará la consolidación de sistemas estatales de educación superior y los gobiernos estatales explicitarán los ejes sobre los cuales va a descansar el desarrollo de la entidad, para que las instituciones de educación superior hagan coincidir sus esfuerzos para impulsarlos.
En esta propuesta se argumenta la idea de fortalecer las instituciones de educación superior en los estados, particularmente las de carácter público, por ser ellas las que sostienen la mayor parte de la matrícula y porque en ellas se ha desarrollado y se podrá desarrollar la investigación científica. La universidad de nuestros días vincula en un mismo espacio institucional la investigación, la docencia, la extensión y la difusión cultural, con lo cual garantiza una buena calidad de la enseñanza. En todos los estados habrá universidades de reconocido prestigio, de tal suerte que los estudiantes no remarquen diferencias entre éstas y las federales, lo cual evitará que se concentren los reclamos de la demanda educativa. Por lo demás, será necesario estimular la movilidad estudiantil entre las instituciones y entre las entidades federativas, lo mismo que la movilidad de académicos. En este sentido, representa una prioridad generar y desarrollar el espacio universitario mexicano y abrir nuevas posibilidades a la movilidad internacional para acoger estudiantes de otros países y abrir más oportunidades para que los estudiantes mexicanos cuenten con posibilidades de completar su formación en el exterior.
Crear nuevas instituciones de educación superior tiene que ser una acción muy cuidada y concertada. En el sector público habrán de cumplir con las características que tiene toda universidad. En el sector privado, el gobierno tendrá un mayor control y un mejor uso del Registro de Validez Oficial de Estudios (RVOE). Las instituciones federales podrán extenderse a los estados siempre que conserven sus estándares de calidad y desarrollen una oferta escolar y una labor académica complementaria a lo que ya se hace y pertinente para lo local o regional. Las universidades públicas estatales podrán instalar campus en su propia entidad federativa bajo los mismos preceptos.
Aunado a lo anterior, resulta necesario deliberar y decidir las reglas que deben gobernar el sistema. Las normas actuales se han elaborado sobre la marcha, algunas ya resultan obsoletas y hay varios procesos, por ejemplo los vinculados a la evaluación, que tienen deficiencias normativas importantes. El crecimiento también ha implicado efectos perniciosos de burocratización. Entre las comunidades académicas se repite la queja de demasiada administración, demasiadas regulaciones específicas y demasiados informes para llevar a cabo las tareas sustantivas; se necesita simplificar el procedimiento administrativo. La administración debe estar al servicio de la academia, y la protección del tiempo académico debe ser una prioridad para mejorar el panorama.
Renovar la planta académica es también un escenario y una prioridad para el futuro de mediano y largo plazos. Las instituciones requieren integrar planteles en los que exista un balance adecuado de juventud y experiencia. Se necesitan nuevos maestros e investigadores, pero también aprovechar la experiencia de los académicos de mayor antigüedad. Al final, el mayor problema: ¿cómo sostener una dinámica de crecimiento y desarrollo cualitativo que repercuta en las oportunidades de empleo de los egresados y que contribuya a la recuperación del crecimiento y el empleo en el país?
La pregunta no es simple y no tiene una respuesta única. Lo más importante, sin embargo, es entender y asimilar que el sistema de educación superior e investigación científica es un componente de un esquema de desarrollo más amplio. Para que cumpla a cabalidad su misión y sus objetivos es necesario el acompañamiento de las demás políticas económicas y sociales.
En todo esto el factor financiero es crucial. Acceder a una nueva etapa de crecimiento y desarrollo cualitativo implica, necesariamente, una inversión pública de gran envergadura. Pero es condición necesaria para alcanzar metas y objetivos a la altura del reto.
En los próximos 10 años será imperativo contar con una estrategia que consolide el posgrado para formar investigadores. El posgrado representa el más alto nivel del sistema educativo formal y constituye la estrategia principal para la formación de cuadros de alto nivel que necesita el país. Asimismo, es la base para el desarrollo de la investigación científica. En consecuencia, debe ser objetivo estratégico ampliar el tamaño de la comunidad que realice estas tareas, para lo cual deben llevarse a cabo acciones encaminadas hacia varias metas. Por lo pronto, habrá que corregir la heterogeneidad y la diversidad de estructuras académicas en grados, planes de estudio, requisitos de ingreso, egreso y permanencia. Hay una profunda dispersión; la matrícula del posgrado se ubica mayoritariamente en maestrías de corte profesional y en instituciones privadas.
En lo que viene tendrá que haber estímulos y apoyos a las universidades públicas para ampliar y mejorar sus posgrados, así como contar con capacidades de contratación de doctores para extender y actualizar su oferta educativa. Al mismo tiempo, habrá que revisar muchos posgrados para que no se siga con una pauta de egreso vinculada a los estímulos económicos que redunda en doctores con mala preparación. Es indispensable resaltar la importancia creciente del posgrado incorporándolo al plan de desarrollo nacional y en las políticas educativas como factor de desarrollo estratégico.
En el mundo actual la universidad ha sido motor de la globalización. Para que México pueda desarrollarse y tener una mejor posición en el contexto internacional tiene que desarrollar y fortalecer la actividad y la comunidad científica y sus redes en el exterior del país. Por su posición geográfica, México aprovechará de la mejor forma posible, con fines nacionales, la formación de cuadros académicos en las mejores universidades del mundo, además de atraer estudiantes de otros países para cursar posgrados y establecer colaboraciones más estrechas con las universidades latinoamericanas, porque con ellas compartimos experiencias, tradiciones y una forma propia de entender la universidad.
Respecto de las universidades públicas, las políticas de desarrollo estarán basadas en la evaluación institucional, sobre la base de criterios fincados en la inclusión, la responsabilidad social, la pertinencia social y el prestigio otorgado por la sociedad; también en las funciones de agencia de las universidades para realizar proyectos con diversos sectores de la sociedad y por la participación de sus académicos en los medios de comunicación. El sistema de educación superior estará monitoreado por un organismo autónomo encargado de hacer evaluación de las políticas educativas con base en sistemas de información que permitan análisis diagnósticos y la coordinación del sistema.
Impulsar el futuro desarrollo de los sistemas de educación superior, ciencia y tecnología del país desde una perspectiva federalista, cuyo objetivo sea el desarrollo regional equilibrado, implica, entre otros procesos, los siguientes:
• Una política nacional sostenida para incorporar de manera explícita a las instituciones de educación superior y los centros de investigación científica en los procesos de desarrollo regional.
• El diseño y puesta en operación de políticas en el ámbito de la educación superior, la ciencia y la tecnología, la cultura y el desarrollo social, entre otros, que reconozcan nítidamente el papel que se espera cumplan las instituciones estatales; aceptar que dicha participación no sólo se da en la fase ejecutiva de tales políticas, sino asegurando que en las instancias directivas nacionales también haya una equilibrada representación regional.
• El compromiso regional de las instituciones requiere una nueva concepción económica del financiamiento para la educación superior. Lograr que el compromiso regional de las instituciones educativas se vincule estrechamente a la reducción de los desequilibrios territoriales y apunte a la creación de administraciones locales descentralizadas. A través de este proceso, apoyar el protagonismo de las universidades y los centros de investigación en el diseño e implementación de políticas regionales de desarrollo, que a su vez incrementan sus articulaciones con otros actores del medio local, particularmente los agentes productivos.
• En suma, una política de educación superior y desarrollo científico y tecnológico, con visión federalista, debe expresarse en varias dimensiones. De manera central, en la revisión de los criterios de distribución de recursos financieros en el sistema, en programas nacionales de becas, de formación docente, de infraestructura y equipamiento, desarrollo y acceso a programas académicos especializados nacionales e internacionales.
De esta manera, la política nacional del sistema de educación superior que el país adopte debe resultar de una necesaria negociación entre los actores federales y los estatales. No debe ser la simple desagregación por regiones de la política nacional, a partir de visiones y decisiones adoptadas por autoridades centrales, ni tampoco la simple sumatoria de políticas estatales. En este sentido, la política nacional debe construirse conciliando los objetivos macro del país con aquellos perseguidos por las comunidades de los estados, y también sistematizando los principios y compromisos que asumen las IES públicas en cada entorno territorial.
Para llevar adelante lo señalado en este capítulo habrán de hacerse reformas a las leyes de educación nacionales y estatales, que fortalezcan el federalismo, la descentralización y la desconcentración de todo el sistema educativo. Hacia el primer cuarto de siglo la educación deberá tener un financiamiento suficiente, oportuno y de carácter plurianual. Un financiamiento que enfoque la disminución de las diferencias en las capacidades científicas e intelectuales entre las universidades de los estados, que promueva el desarrollo de todas las disciplinas científicas y humanísticas y consecuentemente la investigación, a lo largo y ancho del territorio.