Las diferencias: nomadismo, inseguridad e incertidumbre

Pero ¿qué características tiene esta primera generación del siglo XXI? Una parte de esta generación, a partir de 2012, ya transitó de la primaria a la secundaria, por lo tanto, está dejando su niñez y comenzará su juventud; son los mismos que dentro de tres años, en 2015, demandarán incorporarse a la educación media superior y en 2018 intentarán acceder a la educación superior cuando una gran proporción esté acercándose a la mayoría de edad. Por supuesto, esta trayectoria educativa será muy complicada, cuando menos para la mitad de ellos si seguimos con las actuales condiciones de nuestro sistema educativo nacional. Este panorama lo podemos ir prefigurando si analizamos la información disponible para el grupo comprendido entre los cero y los 17 años que, si bien es uno de los sectores etarios en que se refleja en mayor medida el descenso de la tasa de natalidad, sigue representando un poco más de la tercera parte de la población (ver cuadro 1).

Para 2010, 26.6% de esta población todavía se conservaba viviendo en localidades rurales y el resto en localidades urbanas; sin embargo, de seguir las tendencias actuales, pronto comenzarán a migrar, característica que se ha vuelto una condición fundamentalmente juvenil, y cuyos primeros indicios muestran que pronto también será infantil. La revisión de las estadísticas que publican el Instituto Nacional de Migración (INM), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte (EMIF), aunque desafortunadamente no son comparables y muestran diferencias importantes, permiten acercarnos a la dinámica del fenómeno de la migración infantil (ver cuadro 2).

Las cifras oficiales sobre menores migrantes permiten observar que éste es un fenómeno nada despreciable, con una alta variabilidad en las tendencias; pero lo importante es que sabemos muy poco de las condiciones, por qué lo hacen y qué les sucede durante su viaje; a cuántos llega la proporción de los no registrados o de los que no logran llegar a su destino, cuántos mueren y dónde quedan sus cuerpos. Además no sabemos al momento si estas tendencias se han incrementado posteriormente a la crisis mundial de 2008. Lo que podemos apuntar es que el siglo XXI va a ser un periodo de grandes movimientos poblacionales que afectarán sobre todo a las generaciones más jóvenes.

Otro tipo de movilidad es la que también se está produciendo en las familias mexicanas. Si bien 65.5% de los niños y jóvenes de cero a 17 años de edad, para 2010, vivía en hogares de familia nuclear, 31.1% en familia ampliada y 1.7% en familia compuesta, esta estructura se da en un contexto de alta volatilidad de las uniones de pareja y de sus reconversiones en nuevas parejas, lo que habla de la necesaria habilidad que tienen que adquirir estos niños y jóvenes en su ámbito más cercano. Movilidad que se produce en contextos de infraestructura todavía muy dispares, pues a esta fechas 36.8% de los hogares no tiene agua dentro de la vivienda, 33.3% está sin drenaje conectado a la vía pública y 49.3% se encuentra hacinado,5 condiciones que repercuten de manera importante en los indicadores de salud, desarrollo y bienestar.

Parece ser que para las generaciones del siglo XXI las relaciones nómadas serán una constante, no sólo por el incremento de las migraciones físicas, sino también por el de las migraciones entre diferentes familias y, por lo tanto, de afectos. Si no tenemos en claro estos entornos en los procesos educativos, los niños y jóvenes quedarán pasmados ante los cambios, teniendo la sensación que no hay asideros axiológicos que les permitan enfrentar esas transformaciones.

Datos de la Consulta Infantil y Juvenil 2012 (IFE, 2012) permiten también hablar del mundo familiar de esta generación;6 el objetivo de la consulta fue la exploración de la situación actual de niños y jóvenes en términos de la percepción de su bienestar en distintos ámbitos, hacer un ejercicio de reflexión sobre su visión del futuro y, finalmente, la expresión de propuestas de acción cívica y ética para contribuir al desarrollo propio y al de todos.

Uno de los temas se refiere al derecho a la seguridad y la protección, donde la confianza en los adultos y en las figuras de autoridad es una condición indispensable para el desarrollo socioafectivo y político en la infancia, pues estas figuras brindan certeza sobre su condición de sujetos de derechos y sobre el funcionamiento del mundo social. En este marco, el derecho a la protección implica que las familias y el Estado deban procurar las condiciones necesarias para la supervivencia y el pleno desarrollo personal y social de niños y jóvenes. En un contexto democrático, el ejercicio de este derecho se relaciona con la seguridad; lo que puede llegar a fortalecer el sentido de pertenencia a la familia, a su comunidad y a su país. Se explora el ejercicio de este derecho a través de las percepciones de los menores sobre el amor y el cuidado que reciben en casa, así como sobre el trato respetuoso en la casa y en la escuela, la existencia o no de violencia sexual y la seguridad pública. El cuadro 3 nos muestra que a pesar de la alta valoración que tienen niños y jóvenes en torno a su familia,7 el abandono temprano de la escuela afecta esta confianza, que va descendiendo conforme avanza la edad. Esta actitud de desconfianza crece sustancialmente con los vecinos y también es directamente proporcional con la edad. En cambio con los amigos sucede un proceso inverso. Pero en todos los casos la asistencia a la escuela influye en la generación de actitudes más positivas hacia los otros.

Los datos de la consulta son reveladores, pensando que se trata de las respuestas de 16.5 millones de menores en todo el país, de éstos 14.5% afirman que en su hogar hay maltrato o que sufren tocamientos; una proporción muy alta de niñas lo dice también (19.4%), o que un número creciente respecto a la edad percibe que no son queridos (ver cuadro 4). En total son 4 257 000 menores que reportan que su hogar no es el lugar más seguro.

Esta percepción de incertidumbre se incrementa de nueva cuenta cuando los niños y jóvenes ya no asisten a la escuela, a grado tal que en ocasiones se duplica o triplica este sentimiento (ver cuadro 5), lo cual puede tener una doble explicación: la primera es que la escuela incrementa los aspectos de conciencia ciudadana sobre los derechos, tanto en padres como en hijos (Dubet, 2012); la segunda, que son los menores que están en más peligro quienes por lo mismo abandonan o no acceden a la escuela que, como sabemos, tienen una alta vinculación con la pobreza.

Para efectos de la construcción de ciudadanía, la confianza en las figuras públicas es especialmente relevante, ya que éstas constituyen la autoridad más cercana; en ellas, niños y jóvenes materializan su concepción y relación con el poder público. Siguiendo con la consulta, las maestras y los maestros son en quienes mayor confianza depositan las niñas y los niños de seis a 12 años de edad; esta percepción va descendiendo conforme aumenta la edad, lo que habla de un desencuentro que se va profundizando a partir de la secundaria (ver cuadro 6) y donde hasta la fecha no se han desarrollado políticas para dotar a los profesores de una mirada distinta en torno a sus alumnos, mirada que vaya más allá de control y del castigo, pues, como decíamos, son una generación a la que se le han multiplicado las fuentes de información y el maestro no necesariamente les significa la de mayor credibilidad.

Como ya no es noticia la confianza en la policía disminuye considerablemente entre los menores, pero se abate totalmente en el grupo de edad de 13 a 15 años, lo que no ocurre con el ejército, aunque en términos generales es muy similar. Desde pequeños aprendemos que quienes nos tienen que dar seguridad pública no son confiables y esa imagen las propias autoridades las confirman día a día, lo que equivale a perder el espacio por excelencia de la ciudadanía: la calle. Al igual que en el caso anterior, las niñas y los niños que no asisten a la escuela confían menos en las figuras públicas.

Tampoco la escuela se salva de este sentimiento de inseguridad el maltrato es percibido en mayor medida por los varones, repitiéndose el aumento conforme avanza la edad; lo mismo sucede con la violencia sexual, donde se incrementan las proporciones de niños y jóvenes que sí la viven, lo que debería prender un foco rojo en la política educativa (ver cuadro 7). En cambio, el bullying, tan ampliamente acentuado, si bien es el de mayor incidencia, sabemos que su fuente originaria está en las relaciones que los mismos entornos (familiares, barriales, comunales, urbanos y nacionales) ha producido, donde se han dañado la solidaridad entre familiares, vecinos, autoridades, partidos políticos, etcétera; es decir, la institucionalidad construida sobre la base de tomar ventaja del otro. Esto se refleja obviamente en los niños y jóvenes que no tienen otros modelos para relacionarse.

El derecho a vivir en un entorno seguro y resguardado se exploró adicionalmente mediante preguntas relativas a la percepción de seguridad (robos, balaceras y muertes), el acceso a las drogas y el reclutamiento por grupos considerados delictivos por los niños; 23% opinó que donde viven no es seguro y, por lo tanto, no pueden reunirse con sus amigos. Cerca de la mitad de los más pequeños (entre seis y nueve años) señala que donde habita hay gente que roba, frente a 24.6% que en este grupo de edad afirma que hay balaceras y muertos. En general, la percepción de inseguridad se incrementa con la edad, de tal manera que el mayor porcentaje de respuestas afirmativas a la presencia de balaceras y muertes se reporta entre las población de 15 años, entre quienes alcanza 33.5%. Quienes no asisten a la escuela tienen una mayor percepción de la inseguridad, pues el promedio de respuestas afirmativas a esta pregunta se eleva a 45%.8

Las política públicas en general, pero las educativas en particular, enfrentan el reto de atender a una generación que no va a tener en la mayoría de los casos ni estabilidad física ni emocional, y tampoco ámbitos públicos y privados seguros, lo que puede sintetizarse como un contexto de permanente incertidumbre; por lo tanto, cualquier incidencia que se quiera tener deberá asumir que los recursos que se pongan en las manos de niños y jóvenes deberán construir habilidades en constante innovación para transformar.