Innovación y cambio
La adopción de una nueva generación de políticas en materia de rezago debe responder a las siguientes preguntas: ¿qué debe cambiar en el sistema educativo para prevenir, combatir y abatir el fenómeno desde la perspectiva de la educación permanente?, ¿hasta qué grado es inevitable que haya cierto grado de rezago?, ¿cuál es el nivel aceptable para un país como México o, al contrario, cuáles son los límites inaceptables?, ¿cuáles han sido las políticas, los programas, las estrategias y las líneas de acción exitosas y qué se ha hecho mal, qué se puede mejorar? En síntesis: ¿qué debe cambiar para reducir significativamente el rezago educativo?
Los resultados obtenidos hasta ahora muestran que no será suficiente con reforzar a las instituciones existentes en la materia. Se ha comprobado que proceder de esta forma es apostar a más de lo mismo. Es necesario replantear las instituciones y reorganizar programas y estrategias.
Es justo reconocer que algunas de las propuestas que se exponen a continuación ya han sido abordadas por el INEA, pero con resultados muy pobres: una cobertura que no alcanza ni a 5% de las personas en situación de rezago, y un presupuesto mínimo de dos mil millones.
El sentido de las propuestas
Las propuestas que se presentan a continuación se hacen fundamentalmente a partir del análisis de la problemática del rezago aquí desarrollado más que de una evaluación detallada de las políticas públicas en la materia. Más que originalidad, se busca dar visibilidad a ciertos temas que, aunque ya han sido abordados en otros contexto y coyunturas, es necesario rescatar, remarcar e insistir en ellos para darles la relevancia que merecen, e insistir en que se materialicen en acciones concretas y efectivas.
Para abatir el rezago es necesario plantear una estrategia integral que considere un incremento sustantivo de los recursos económicos, que se complemente con programas y acciones en la que participen diversas dependencias de la Administración Pública Federal, organismos empresariales, organizaciones de la sociedad civil, académicos y demás actores interesados en el tema.
Adicionalmente se busca propiciar la reflexión sobre un problema nacional que ha sido relegado y sólo aparentemente atendido. Se trata de hacer efectivo el derecho a la educación para todos los mexicanos sin distinción ni exclusión de ninguna especie. Se busca posicionar el tema en la agenda de las políticas educativas con la intención de que se convierta en programas concretos y líneas de acción efectivas.
Las propuestas abarcan varios planos y se refieren a cambios en la organización del Sistema Educativo Nacional (SEN), modificaciones a la estructura orgánica de la Secretaría de Educación Pública, programas de alcance nacional e institucional con diversas líneas de acción.
La propuesta central consiste en establecer un Programa Especial de Educación para Jóvenes y Adultos en condición de rezago educativo en los términos de la Ley de Planeación. Los programas especiales de este tipo son de alcance nacional, se refieren a las prioridades del desarrollo integral del país, tienen un enfoque trasversal y buscan asegurar la factibilidad cultural de las políticas públicas nacionales. Un programa especial, por mandato de ley, debe someterse a una consulta nacional que convoque a una amplia participación de los sectores sociales, productivos y organizaciones de la sociedad civil. Para garantizar una actuación concertada y transversal, deben participar, como corresponsables, las dependencias de la Administración Pública Federal que tienen el encargo de atender a la población en situación de vulnerabilidad y que pueden contribuir sustancialmente a disminuir las causas estructurales que de manera indirecta, pero efectiva, producen el rezago escolar.
Las propuestas que siguen se inscriben en la lógica del programa especial y las que se enuncian a continuación se pueden considerar complementarias de esta iniciativa.
• Incorporar a la estructura de la SEP la educación de jóvenes y adultos a lo largo de la vida; para tal efecto, se propone crear una nueva subsecretaría a fin de integrar este tipo educativo al conjunto del sistema escolarizado para aprovechar de mejor manera las experiencias, la infraestructura y los recursos humanos y financieros con que cuenta el sistema escolarizado. Se espera que con la integración de la educación de jóvenes y adultos ésta reciba igual atención que la enseñanza escolarizada por parte de las autoridades educativas.
• Se propone que el Consejo Nacional de Educación para la Vida y el Trabajo (CONEVYT) sea presidido por el titular de la Secretaría de Educación Pública.
• En la misma lógica del programa especial, se propone vincular más estrechamente las dependencias y los programas de gobierno encargadas del combate al rezago educativo con otros programas de desarrollo social destinados a grupos vulnerables, buscando con ello una atención integral de la problemática y una actuación transversal. Habrá que reforzar las relaciones de la educación de adultos con programas encargados de la promoción del arte, la cultura y el deporte; así como consolidar vínculos de cooperación con organizaciones de la sociedad civil y otros actores interesados en el tema.
• El lanzamiento del programa especial debe contemplar un proceso de concientización de la naturaleza, los alcances y las repercusiones del problema social que representa el rezago educativo y sus consecuencias para el desarrollo nacional. Es indispensable convocar a los medios de comunicación públicos y privados para que contribuyan con las tareas de la educación nacional en los términos de la Ley General de Educación.
• Se propone abrir los espacios y la infraestructura con que cuenta el Sistema Educativo Nacional, para que los jóvenes y adultos en situación de rezago dejen de estudiar en lugares carente de los requerimientos didácticos necesarios. Este sistema cuenta con 253 724 planteles para los diferentes tipos, niveles y modalidades educativas. Muchos de estos inmuebles y la infraestructura con la que están equipados se encuentran subutilizados por lo que deben ser utilizados en el marco de una nueva política de solidaridad, inclusión y cooperación institucional.
• Para fortalecer los sistemas de educación para jóvenes y adultos abiertos y a distancia las Instituciones de Educación Superior (IES) establecerán convenios con las dependencias de la SEP encargadas de este tipo educativo. La educación de los adultos no debe incrementar la brecha de desigualdad entre grupos sociales y, menos aún, propiciar el analfabetismo digital. En consecuencia, se deberá ampliar el acceso de jóvenes y adultos a una educación de mejor calidad, favorecer la alfabetización y la educación básica universal, por medio de la innovación de las tecnologías de la información y la comunicación. Para tal efecto habrá que redefinir y reorientar los esquemas de educación a distancia para adultos, particularmente en zonas donde no existe infraestructura educativa. Es recomendable que la educación a distancia invariablemente incluya un componente presencial.
• Se propone que las IES, por medio de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), suscriban un convenio con las autoridades educativas para diseñar un programa de apoyo y fortalecimiento a la educación de jóvenes y adultos con los siguientes componentes:
• Subprograma de enseñanza abierta (semipresencial) para alumnos mayores de 15 años que tienen dificultades para avanzar regularmente en su trayectoria educativa, jóvenes con estudios incompletos o que han abandonado la enseñanza secundaria. Las edades entre 15 y 19 años son cruciales para que aquellos que estando ya matriculados en ese nivel no abandonen sus estudios. Adicionalmente, será necesario poner en marcha estrategias especiales de regularización mediante cursos remediales, exámenes especiales y tutorías, seguimiento de trayectorias y prevención de conductas de riesgo, entre otras medidas de atención. Es imperativo incrementar sustancialmente la eficiencia terminal en ese lapso con particular atención a los estudiantes que están en extraedad. Actuar en las trayectorias de la educación básica, particularmente en secundaria, es indispensable para cerrar la llave que abastece al rezago acumulado.
• Subprograma de servicio social, de alcance nacional, con participación de estudiantes y egresados de las IES previamente habilitados en pedagogía y didáctica especializada en educación de adultos.
• Incluir en el Fondo SEP-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) un subprograma de investigación educativa sobre trayectorias escolares de jóvenes y adultos en situación de rezago y abandono de estudios con propuesta de estrategias sobre inclusión, retención, recuperación y conclusión de ciclos escolares, especialmente la secundaria.
• Las plazas comunitarias deben multiplicarse en forma considerable. Actualmente sólo existen 3 400 en todo el país, cifra que contrasta con la existencia de 189 mil pequeñas comunidades dispersas. En el ámbito rural es necesario hacer una reingeniería de las mismas.
• Es necesario que los trabajadores que laboran en las dependencias de la Administración Pública Federal incorporen a su personal en rezago a programas de enseñanza primaria y secundaria, otorgando facilidades y estímulos a quienes logren certificarse.
• Establecer un acuerdo entre el gobierno federal, los organismos empresariales y los sindicatos para que las empresas privadas incorporen a los trabajadores en situación de rezago a programas de educación de adultos para la vida y el trabajo, otorgando estímulos tanto a quienes se certifiquen como a las empresas participantes, en esquemas de corresponsabilidad con las autoridades del trabajo y previsión social.
• Generalizar estímulos por medio de la condonación parcial de adeudos (pagos mensuales de créditos) con instituciones como el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda (INFONAVIT) y otros organismos como el Instituto Nacional para la Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajados del Estado (ISSSTE) y el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT), entre otros.
• Diseñar una estrategia de educación para personas y grupos vulnerables en situación de rezago educativo, en la que participen organizaciones de la sociedad civil y dependencias de la Administración Pública Federal encargadas de asistir a esta población. Se propone fortalecer o, en su caso, incluir un componente de educación para la vida y el trabajo en sus respectivos programas destinados a personas con discapacidad, hospitalizadas, en reclusión, en situación de calle, desplazados internos, jornaleros agrícolas, adultos mayores, etcétera.
• Incorporar estímulos como los del programa Oportunidades a los adultos que acrediten primaria o secundaria o se alfabeticen. Esto se ha hecho, a manera de ejercicio “piloto”, en sólo tres entidades federativas.
• Profesionalizar a las 71 mil figuras solidarias asignadas en puntos geográficos del todo el país que participan en la educación de jóvenes y adultos, particularmente a los que realizan labores docentes en las comunidades dispersas menores a 2 500 habitantes que en México, como ya se dijo, suman más de 189 mil. Con esta medida se dejará de depender del trabajo voluntario y se avanzará en un sistema de selección, formación y retención de educadores y personal de apoyo.
• Ampliar la atención de mexicanos con rezago en el extranjero por medio de acuerdos de corresponsabilidad con sus agrupaciones.
• Creación de la figura de ombudsman de la educación. El derecho a la educación es un derecho humano fundamental y el enfoque del derecho a la educación tiene la virtud de hacer visibles a las personas vulnerables y vulneradas que no tienen acceso a la educación por la omisión de obligaciones de gobiernos o por la indiferencia de la sociedad.
El análisis presentado muestra con claridad que la educación de jóvenes y adultos en el país representa un problema complejo que no ha podido solucionarse; pero también permite percatarse de que tampoco ha existido un compromiso decidido de parte de todos los sectores sociales, ni la voluntad política de los gobiernos que esté a la altura del mismo.
A un problema estructural y de grandes dimensiones se ha respondido con políticas y programas de tipo “remedial”: bajísima inversión, instituciones limitadas, oferta insuficiente, docentes improvisados, lo que ha dado como resultado una educación también remedial, compensatoria, marginal y limitada.
Las propuestas presentadas aspiran a contribuir a elaborar un mapa de navegación, con compromisos concretos, con medidas adecuadas, con tiempos determinados, con metas alcanzables, resultados medibles a corto y mediano plazos y rendición de cuentas.
En un horizonte hacia el año 2023, toda persona debe contar con oportunidades efectivas para cursar y concluir la educación básica obligatoria y tener disponible una oferta educativa amplia, diversificada, con pertinencia cultural y formación para el trabajo de buena calidad que le permita seguir estudiando a lo largo de toda la vida, sin discriminación ni restricción de ninguna especie.
La educación de jóvenes y adultos debe transitar hacia un sistema en el que la equidad en el acceso y el tránsito por procesos formativos y de aprendizaje sea la concreción del derecho a la educación de todos los mexicanos.