Educación básica

La educación básica necesita continuar siendo un tramo formativo prioritario, corresponde a la formación más generalizada que el Estado compromete constitucionalmente, es el eje que sienta las bases conceptuales para continuar en los demás niveles, permite desarrollar los aprendizajes elementales y prepara para la vida ciudadana. Además es, lamentablemente en muchas regiones del país, para familias, niños y jóvenes, la única y última aspiración educativa posible de alcanzar. Lo anterior le otorga una importancia central y una fuerte responsabilidad social.

Se refiere a continuación una serie de propuestas, articuladas en cuatro apartados, que tratan temas nodales para la educación básica, referidos a: la desigualdad educativa y social; la gestión y desarrollo del currículum, dentro del cual se hace una referencia específica a la situación del nivel secundaria; la evaluación de los programas y las políticas educativas, así como la situación de la planta docente.

La desigualdad educativa y social

Existen diferentes evidencias que muestran que en nuestro país hay una distribución inequitativa de los beneficios del sistema educativo, resultado de las desigualdades en los niveles de vida de su población y de los capitales culturales vinculados. Un principio básico para instaurar un sistema educativo más justo obliga a establecer acciones concretas contra estas desigualdades, aunque no todas sean competencia exclusiva del ámbito educativo.

Reconocer la desigualdad y buscar establecer un sistema educativo más justo implica identificar estas desigualdades y diseñar acciones diferenciadas, no siempre generalizables, pero que requieren de un seguimiento continuo. Han sido identificadas en el nivel nacional las zonas geográficas con mayores carencias sociales y económicas, donde además se muestran los resultados escolares más bajos. Es necesario que se conviertan en zonas prioritarias de atención para la educación básica.

Sin voluntad de acción para ofrecer mejores servicios sociales a quien menos tiene, la institución escolar continuará abonando en la deserción, el rezago y los bajos resultados de aprendizaje de niños y jóvenes que cursan en condiciones adversas su formación básica.

Asimismo, es necesario revisar el resultado de todos los programas destinados a compensar desigualdades educativas, los dirigidos a fortalecer la infraestructura de las escuelas, los que corresponden a reducir el costo de oportunidad educativa, expresados básicamente en becas de retención, los que promueven la participación de las comunidades en las decisiones de la escuela y los vinculados a incentivos docentes mediante el resultado de exámenes de sus alumnos. Los resultados serán un referente crítico importante para valorar su continuidad o para reorientar tanto sus estrategias como sus acciones, y los recursos asignados a los mismos.

La gestión y el desarrollo del currículum

La gestión curricular, que se inscribe en el marco institucional, no ha sido objeto de atención por parte de las autoridades escolares locales, estatales y federales, a pesar de la existencia de los Apoyos Técnico Pedagógicos (ATP) y de la desaparición de la figura de inspector. El asunto curricular, que debiera ser una tarea de los directivos, para atender las necesidades específicas de la población de la institución, se encuentra bajo la total responsabilidad del maestro de grupo en primaria y de los profesores de las diferentes asignaturas en secundaria. En síntesis, no hay gestión curricular en educación básica, porque ésta supondría un trabajo colegiado entre directivos y docentes de cada establecimiento.

Una de las formas de concreción de la gestión curricular consiste en la definición del proyecto curricular de la escuela, el cual supone la consideración de las particularidades del alumnado que se atiende, las especificidades de la planta docente y del contexto socioeconómico en el que la institución se inscribe. El proyecto curricular es la herramienta didáctica que articula las actividades de enseñanza de directivos y de todos los profesores, tendentes al logro de determinados objetivos. En México nunca se ha trabajado el proyecto curricular por escuela, sino el proyecto educativo, particularmente asociado al programa de Escuelas de Calidad, temática que se encuentra más vinculada a la noción de gestión desde el punto de vista administrativo y no académico. El proyecto curricular institucional debería inscribirse en el proyecto educativo de cada escuela, lo que significaría dotar a las instituciones de una cierta autonomía para prescribir sus objetivos y estrategias y desarrollar en tiempos y ritmos específicos el currículum común.

Por lo tanto, dado que el actual currículum es nacional, centralizado y único, sin que exista la posibilidad de diversificación para atender los requerimientos de equidad y calidad que demandan las diversas comunidades, localidades, regiones y estados, se requiere de un currículum común y, simultáneamente, diversificado. Esto es, que se marquen los lineamientos comunes en el nivel nacional, ya sea en términos de objetivos, competencias, indicadores, resultados, estándares, pero que se otorgue autonomía a la escuela para tomar decisiones institucionales que permitan enfrentar las necesidades propias del alumnado que se atiende y del entorno.

En este orden de ideas, cabe destacar que durante la última década se implementaron reformas curriculares en la educación básica. La reforma de la educación básica intenta articular los tres niveles de estudio: preescolar-primaria-secundaria. Esta articulación se lleva a cabo enlazando cinco aspectos centrales: a) el currículum; b) los maestros y la práctica docente; c) los medios y materiales de apoyo; d) la gestión escolar; y e) los alumnos. Sin embargo, mientras no exista un trabajo colegiado y una coordinación interna entre las distintas instancias de planeación y diseño curricular, formación docente, materiales educativos y evaluación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y las correspondientes instancias estatales, esta propuesta de articulación es poco viable. Deberán buscarse mecanismos para lograrla y dar consistencia al tránsito entre los niveles para alcanzar los perfiles de egreso de este tipo educativo, desde preescolar hasta secundaria.

La aplicación de la mencionada reforma se generalizó al margen de una consideración de otros factores determinantes que acompañan estas modificaciones. Es necesario que las reformas educativas abarquen los demás componentes del sistema en los que se desarrollan, como las normatividades estatales, las condiciones escolares, los apoyos complementarios que demandan, la formación de docentes y figuras de gestión y las cargas administrativas. La primera reforma en este tipo educativo inició en el nivel preescolar y no hay información sobre su seguimiento, al igual que para la secundaria y la primaria. Es indispensable detectar sus alcances y límites, evidenciar las diferencias en los aprendizajes de los niños y jóvenes que trabajaron con los nuevos contenidos y métodos, así como documentar las diferencias de aprendizaje respecto de quienes cursaron los planes no reformados.

La situación particular del nivel secundaria

Para atender la situación particular del nivel secundaria, se plantean las siguientes propuestas:

  Si bien la ampliación de la cobertura del nivel secundaria se ha dado a costa de la modalidad de telesecundaria, es indispensable dotar de una mejor infraestructura a las escuelas que funcionan con este modelo, seleccionar al personal docente del mejor nivel y con formación pedagógica y con capacitación especial para funcionar como coordinador, asesor y tutor.

   Es necesario revisar la pertinencia del modelo de secundarias técnicas, en virtud de que sus opciones ya no responden a los intereses de los estudiantes, a las necesidades del mercado laboral local y regional, además de que su infraestructura no ha sido modernizada.

  Es urgente que, frente a cualquier reforma educativa, se prevea un plan de seguimiento y evaluación que provea los insumos empíricos necesarios para efectuar los ajustes pertinentes o, en su caso, modificar las orientaciones.

  El personal docente que atiende la educación secundaria es heterogéneo en cuanto a su formación de origen, en tanto que un grupo proviene de las normales superiores en las que frecuentemente se privilegia lo pedagógico frente al saber disciplinar, mientras que otro grupo, procedente de universidades, carece de formación pedagógica, pero posee un mayor dominio de la disciplina que trabaja. Se requiere la colaboración de ambos sectores para renovar y enriquecer el trabajo académico y el aprendizaje de los alumnos.

La evaluación de las políticas educativas y los programas de educación básica

Un aspecto que necesita tomarse en cuenta, permanentemente y con mayor continuidad a las acciones gubernamentales en el ámbito educativo, es reconocer la centralidad de la evaluación de sus políticas. Se trata de superar el esquema simple de medición y corroboración del alcance de sus objetivos en un lapso de tiempo, para pasar a un enfoque de sistemas complejos en el que se involucre una amplia variedad de variables y condicionantes de desarrollo o aplicación. De esta forma, la investigación evaluativa permitirá producir información que coadyuve de mejor manera a la toma de decisiones políticas y retroalimente los programas emprendidos; nuevas acciones y programas fundamentados en evidencias sólidas, que no respondan a sugerencias de organismos internacionales, a ocurrencias de los responsables en turno o a presiones de diferentes orígenes. Emprender este cambio permitirá valorar gran parte de las acciones y los programas de los que se necesita conocer sus resultados, como los dirigidos a la gestión escolar, los que corresponden a la participación social de los padres de familia y comunidades o los que deriven de los apoyos complementarios para la consolidación de aprendizajes, así como los que corresponden a materiales educativos, lectura, habilidades digitales, escuelas abiertas y de jornada ampliada, entre muchos otros, emprendidos o por iniciar.

Los docentes de la educación básica

El docente tiene un papel fundamental en los procesos de formación de los alumnos. Su tarea en la educación inicial es trabajar sobre procesos de maduración y socialización del niño, mientras que en la educación primaria necesita lograr que los alumnos estructuren los fundamentos de lo que serán sus posibilidades de aprendizaje académico posterior: el dominio del pensamiento aritmético, el desarrollo de su capacidad de lectura y escritura, y la gestación de procesos de pensamiento básicos como el analítico y sintético. La educación secundaria se realiza en un periodo relevante de la vida de un individuo, su tránsito a la pubertad y adolescencia. El profesor debe promover las condiciones para el paso del pensamiento aritmético al matemático, profundizar en su sistema de lectura y escritura e iniciarlo en el conocimiento de diversas ramas disciplinares. La formación en esta etapa de la vida es fundamental. Lograr que la educación básica cumpla con su cometido ayudará enormemente al desarrollo del individuo y a posibilitar su desarrollo académico y personal.

Todos los aspectos que rodean a la tarea docente son importantes de atender, aunque es posible destacar cuatro de ellos: el conocimiento de los perfiles profesionales de los docentes, la atención a las condiciones de trabajo en las que desarrollan su práctica, la formación permanente y el desarrollo profesional del profesorado, y la evaluación del quehacer docente.

1.    Conocimiento de los perfiles profesionales y sociales de los docentes.

La falta de un sistema de información confiable sobre los docentes en nuestro país, en el nivel nacional y en las entidades federativas, que permita conocer cuántos son, qué plazas ocupan, cuáles son sus perfiles profesionales, además de diferentes indicadores que permitan valorar su caracterización como gremio, entorpece las diferentes acciones que los involucren o puedan destinarse a transformar sus formas de trabajo. Los intentos que se han diseñado para este fin han sido obstaculizados por diferencias de perspectiva y por falta de claridad sobre el uso de la información, provocando un clima de desconfianza en el sector docente. Ninguno de los responsables involucrados (SEP, SNTE e instancias estatales) ha tenido la capacidad de proponer una alternativa para que dicho proyecto se consolide, en detrimento del reconocimiento de la importancia de información para la definición de políticas a ser desarrolladas.

En el marco de este escenario se propone de manera prioritaria construir un sistema integral de información educativa, que aglutine sistemáticamente los datos relativos a las plantas académicas de cada escuela, de cada zona escolar, de cada municipio y de cada estado y que sea retroalimentado de manera permanente por tipo, nivel, modalidad, sostenimiento, etcétera.

2.    Atención a las condiciones de trabajo en las que los docentes desarrollan su práctica. Es importante anotar que el tamaño de las escuelas públicas de educación básica a nivel nacional es extremadamente diverso, así como su infraestructura y número de alumnos por grupo. Lo anterior impacta directamente en el desarrollo de la práctica docente y en sus posibilidades de adaptación a los contenidos que marca el plan de estudios.

A pesar de que existen formalmente normativas institucionales (Consejo Técnico, academias) que fomentan el trabajo colegiado, lo cierto es que éste no se concreta, sino que los espacios existentes son utilizados de manera genérica para atender cuestiones de tipo administrativo y no académicas.

Por lo tanto, se propone descargar a los docentes de actividades administrativas y recuperar una dinámica institucional que despliegue el trabajo colegiado, bajo un liderazgo académico de los directivos y los asesores técnico-pedagógicos.

Por otra parte, si bien existen acciones para apoyar el desarrollo de la práctica docente en el aula, como la dotación de materiales de apoyo a los alumnos o como referentes de consulta para el maestro, no existe certeza de su valor y trascendencia, aunque en muchos casos sean los únicos materiales de apoyo para los docentes. La situación actual demanda la existencia de una infraestructura básica y suministrar el equipamiento y los recursos didácticos suficientes para su funcionamiento, particularmente en las zonas más marginadas.

La temática del salario de los maestros de educación básica ha generado mucha polémica tanto al interior del gremio como fuera. En el país, resulta muy complicado definir el promedio del salario de un docente, en tanto que éste se encuentra determinado por diversos factores, entre los que destacan la antigüedad, la categoría, los estímulos (carrera magisterial) y la zona geográfica, entre otros. Para los docentes, sus ingresos no reflejan la magnitud de la responsabilidad ni las exigencias relacionadas con su trabajo profesional.

Asimismo, esto ha propiciado la búsqueda de opciones laborales complementarias que permitan al docente satisfacer sus necesidades materiales, lo que disminuye su capacidad de atención de los elementos involucrados en el desarrollo de la tarea educativa.

Se propone que, ante la necesidad de revalorar la docencia y dignificar el trabajo profesional de los docentes, se configure un esquema de asignación salarial alternativo que sea justo y equitativo, desarticulado del sistema de estímulos. Asimismo, existen trabajos comparativos en el nivel internacional que debieran complementarse con análisis nacionales —hoy inexistentes—, lo cual permitiría tener una percepción más amplia de la situación y fundamentar posibles alternativas.

3.     La formación permanente y el desarrollo profesional del profesorado.

Las políticas de formación permanente del profesorado se han yuxtapuesto durante las últimas administraciones a tal grado que a la fecha coexisten diferentes instancias y modalidades financiadas por el Estado (Centros de Actualización del Magisterio, Centros de Maestros, pronap, etc.), además de toda la oferta de posgrados de las universidades, la Universidad Pedagógica Nacional y las normales, públicas y privadas.

En nuestro país, la formación permanente ha sido utilizada para dos objetivos: a) Transmitir información que la administración federal en turno desea hacer llegar a los profesores. b) Informar sobre las reformas curriculares o cambios en materia de gestión, de contenidos y de evaluación vinculados con la vida cotidiana de las escuelas. En síntesis, no existe una política coordinada de formación permanente ni de desarrollo profesional de los docentes.

No hay duda alguna de que las alternativas de superación profesional del magisterio están determinadas por el conocimiento de los perfiles docentes, por el resultado de la investigación educativa sobre el aprendizaje en la escuela, por el reconocimiento de la diversidad de circunstancias que atraviesan las aulas en el país y por las necesidades detectadas en cada entidad federativa sobre las fortalezas y debilidades de sus escuelas. Reconocer estas circunstancias tendría que ser el primer paso para definir opciones diferenciadas de formación continua de docentes en servicio.

Por lo tanto, se propone:

  Redefinir la educación permanente o continua de todo el profesorado de educación básica: caracterización, sentido, objetivos, etc., desvinculándolo completamente de la carrera magisterial y resituando el desarrollo profesional como una dimensión fundamental de la profesión docente.

   Definir un solo órgano regulador y promotor de la educación continua, recogiendo los elementos básicos (punto anterior), una vez que se haya establecido el sentido de la misma en la carrera docente y, por otro lado, abriendo la posibilidad de atender las especificidades institucionales, locales y regionales.

   Reestructurar el sistema de formación permanente, de suerte que no exista tanta dispersión de recursos: escuelas normales, unidades de la Universidad Pedagógica Nacional, centros de maestros, instancias estatales de formación de profesores.

   Revisar el esquema de formación continua actual en el que se establecen cursos, talleres o diplomados a través de las instancias estatales de formación continua, programa de carrera magisterial, centros de maestros, unidades de la UPN, o bien, a través de contratos que suelen otorgarse a instituciones públicas o privadas. La oferta real es diversificada; sin embargo, la exigencia de que los docentes tomen un curso es burocrática, en general acordada con la comisión SEP-SNTE. Es conveniente abrir una oferta a la que libremente acudan los docentes de acuerdo con sus necesidades de formación.

  Para fortalecer el trabajo de la comunidad escolar es conveniente que las necesidades de formación surjan de las mismas escuelas; en el caso de la educación preescolar y primaria y de secundarias agrupadas por zonas o modalidad.

  Apoyarse en las múltiples estrategias de formación continua que la investigación educativa ha mostrado son eficientes para la educación superior.

4.     Evaluación del quehacer docente.

Éste es uno de los temas que genera amplia controversia por dos razones: la primera, porque se estableció y vinculó con percepciones salariales y, la segunda, porque en nuestro país, además de ser un tema de orden educativo, también tiene una naturaleza política de correlación de fuerza entre el SNTE y la SEP.

En materia de evaluación del quehacer docente es posible diseñar una propuesta de evaluación docente que identifique los aspectos centrales de esta actividad; identificar para cada docente los aspectos a mejorar; diseñar mecanismos que lo acompañen, particularmente durante los primeros años de su vida laboral, le trasmitan seguridad y le proponga alternativas de formación. Lo más complejo y desgastante será separar el tema pedagógico por naturaleza, de la dimensión política sindical.

Así, atender las principales debilidades y contradicciones de los docentes resulta una oportunidad insuperable para desarrollar acciones positivas que fortalezcan su quehacer y su reconocimiento social.