A partir de la implantación del servicio social como una práctica obligatoria para los alumnos ha habido muchos avances; sin embargo, con base en un reporte de la ANUIES, en la actualidad se realiza con grandes asimetrías, derivado de la diversidad de factores regionales, políticos, sociales, culturales y académicos en los que se insertan las instituciones de educación superior; por la heterogeneidad de las reglamentaciones existentes, así como por la falta de articulación de los programas de las instituciones educativas (REDUVI, s/f).
Es necesario destacar la existencia de programas de vinculación con sectores sociales que registran buenos resultados, los cuales tienen como denominador común el compromiso de la institución de educación superior que aporta a los prestadores de servicio social, junto con el apoyo decidido de los gobiernos estatales y locales donde operan (ANUIES, 2000).
Es el caso del proyecto Centro Comunitario de Aprendizaje Múltiple de la Universidad Veracruzana, mediante el cual la institución tiene presencia en comunidades indígenas, rurales y urbanas con alta marginación, así como de los modelos de programas multidisciplinarios desarrollados por la UNAM en estados como Guerrero, Michoacán, Chiapas y Puebla, tanto para el ordenamiento ecológico territorial como para el combate del analfabetismo.
Las mejores prácticas de servicio social se caracterizan porque la mayoría de los programas forman parte de la actividad académica, cumplen con la normatividad, son eficientes en la organización y eficaces en la gestión; alcanzan resultados, logran impacto con sus acciones y se evalúan con criterios y metodologías definidos. Se basan en un concepto amplio de servicio a la sociedad y son una actividad estratégica de las instituciones. Son programas preferentemente multidisciplinarios, con perfiles profesionales adecuados a las actividades, bajo asesoría de académicos.
No obstante, aun cuando a lo largo de la historia se han realizado cambios para mejorar la prestación del servicio social, los estudios diagnósticos muestran una serie de problemas, de los cuales vale la prenda destacar:
a) La falta de información y sensibilización de alumnos, profesores y autoridades educativas sobre la importancia y objetivos del servicio social y en particular de su función social, ha determinado que este proceso educativo sea considerado tan sólo como un requisito para la titulación, concibiéndolo como un mero trámite burocrático. Las instituciones receptoras de servicio social a su vez, lo entienden como un mecanismo para obtener mano de obra barata, por lo que en un alto porcentaje no existe congruencia entre las actividades planteadas en los programas y el perfil académico profesional del prestador de servicio social.
b) La falta de vinculación de los programas de servicio social con las necesidades de la sociedad; la mayoría de los alumnos se ubica en el sector público, en comunidades urbanas y realizando actividades administrativas, generalmente sin supervisión. Los docentes no reciben estímulos económicos por su contribución académica en el servicio social y una tercera parte de las instituciones de educación superior (IES) ha incorporado el servicio social al currículo con el fin de articularlo con la docencia y la investigación.
c) Concentración de la demanda de prestadores por las instituciones del sector público y social en unas cuantas carreras, fundamentalmente para el área de la salud y de las disciplinas económico-administrativas, mientras que en el caso de disciplinas sociales, científicas y humanísticas la prestación del servicio social se sustenta en programas de las propias instituciones educativas por no encontrar una forma más adecuada de vinculación con la sociedad.