Acompañan a la premisa de establecer condiciones para ejercer plenamente el derecho a la educación y a la necesidad de recrear el proyecto educativo nacional, la importancia de atender los principales factores que pueden promover una educación de verdadera calidad para todos los tipos y niveles educativos.
La calidad es multidimensional, se refiere a la adquisición de conocimientos, capacidades, destrezas y valores que permiten al estudiante insertarse en la sociedad de manera creativa y comprometida con su desarrollo, en las condiciones globales del siglo XXI, a la vez que en los contextos locales.
La sociedad del siglo XXI requiere de una cultura humanística y científica desde las etapas tempranas de la formación. Ello demanda diálogo e interacción entre artes, humanidades, ciencias, innovación y tecnología; esa actividad proactiva y dialógica propicia la elaboración de un pensamiento complejo, de un razonamiento analítico y crítico para la adecuación y la aplicación del conocimiento.
Los resultados derivados de muy diversas fuentes muestran que el sistema educativo no ha logrado consolidar los principales ámbitos de la formación de los niños y jóvenes en los tramos constitucionalmente obligatorios, el pensamiento matemático y la comprensión lectora. Esto conlleva la necesidad de revisar e intervenir en el currículo, en la formación de los profesores, y en la disponibilidad y uso de los recursos didácticos para el aprendizaje de los estudiantes.
Para ello se propone:
7. Revalorar y renovar la profesión docente
En los últimos años se ha intensificado el debate nacional sobre el tema educativo. En buena medida este debate se ha centrado en la polarización de posiciones respecto a la responsabilidad de los maestros en los problemas educativos del país, generalmente tratados con superficialidad y simplismo. Se ha deteriorado, así, el valor social y los niveles de respeto que la sociedad y el Estado deben prestar a los maestros.
Se deberá igualmente entender que una reforma educativa sin los maestros y sus representaciones está condenada al fracaso, pero que será también indispensable plantear una nueva relación entre la autoridad y los órganos sindicales y de representación. Esta es una asignatura pendiente y de la más alta prioridad.
La trascendencia de la labor docente, la dignificación de su quehacer y la revaloración de su trabajo, deben ser revisadas en su complejidad para postular políticas y acciones que den curso a su verdadera atención, así como a la renovación de las relaciones entre docentes, estudiantes, centros escolares, padres de familia, gobierno, sociedad y Estado.
La formación de los docentes implica formación superior inicial y capacidades disciplinarias y pedagógicas a lo largo de su vida profesional. La autoridad del docente debe fundarse en mecanismos de prestigio, conocimiento y experiencia.
Objetivos
a) Fortalecer y mejorar los programas de formación inicial del magisterio, en vinculación con las instituciones de educación superior públicas. Abrir opciones de formación de maestros de educación básica y media superior en las universidades públicas.
b) Desarrollar un sistema de información confiable y transparente sobre los docentes en nuestro país, que permita conocer sus perfiles profesionales y sociales.
c) Definir alternativas diferenciadas de formación continua de docentes en servicio, en función de sus perfiles, condiciones de trabajo en las escuelas y aportes de la investigación educativa.
d) Ampliar la planta de profesores con alta profesionalización en todos los niveles y tipos educativos y promover su renovación generacional, en particular en la educación media superior y superior.
e) Promover la formación continua de maestros en servicio de todos los niveles de educación básica para que su quehacer favorezca el desarrollo del pensamiento matemático, de la comprensión lectora y la escritura en los estudiantes.
f) Impulsar la formación y desarrollo de cuadros directivos para la gestión e innovación de los espacios escolares en todos sus tipos y niveles.
g) Asegurar que los nombramientos académicos y los cargos directivos se otorguen a través de concursos de oposición.
Principales acciones
a) Desvincular la remuneración salarial de los sistemas de estímulos.
b) Redefinir la educación permanente o continua del profesorado de educación básica y normal: caracterización, sentido y objetivos, desvinculándola de la carrera magisterial y ubicándola como una dimensión fundamental de la profesión docente.
c) Impulsar programas estatales y regionales de actualización y formación de profesores en servicio, con el concurso de las instituciones de educación superior de la región.
d) Continuar y profundizar las iniciativas dirigidas a la profesionalización docente de la educación indígena. Alentar la vocación de servicio de los docentes, con arraigo en las localidades donde realizan su labor.
e) Desarrollar un mecanismo estratégico de ubicación en zonas indígenas de profesores con altos niveles de formación y capaces de elevar los resultados educativos de los alumnos, con el fin de abatir las desigualdades y mejorar el desempeño de las poblaciones excluidas.
f) Garantizar la capacitación y actualización del personal de educación especial, así como los materiales y apoyo necesarios para el desempeño de su labor, con el fin de que la atención que prestan sea adecuada y pertinente.
g) Fomentar el trabajo colegiado entre docentes de niveles y de asignaturas afines, para enriquecer y mejorar la labor educativa.
h) Impulsar la puesta en marcha de programas de jubilación digna para los académicos de las instituciones educativas públicas, en particular las de educación superior y de investigación.
i) Promover programas de movilidad nacional e internacional de docentes para el intercambio de experiencias, conocimientos y recursos para la enseñanza.
j) Atender la desigualdad y las brechas existentes en las condiciones de infraestructura y equipamiento en las que desarrollan su práctica los docentes.
8. Reorientar la evaluación educativa, la certificación y la acreditación
Desde finales de los años setenta, la evaluación se convirtió en la política pública más importante para el sector educativo y en eje articulador del resto de las políticas para la educación. Se multiplicaron los sistemas de evaluación al nivel de instituciones, programas, docentes y estudiantes en todos los tipos y niveles educativos, creando una compleja amalgama de sistemas de evaluación que, en muchas ocasiones, mantienen criterios contradictorios o duplican los esfuerzos de evaluación. En casi todos los casos, los programas de evaluación se asociaron a la entrega de recursos, tanto para las instituciones, como para algunos programas, o para los académicos.
Esta política ha posibilitado la incorporación de una cultura de la transparencia y la rendición de cuentas; sin embargo, también ha dado lugar a prácticas nocivas para el desarrollo de los académicos y las instituciones. Ha fomentado el individualismo, debilitado el trabajo colegiado y favorecido las tareas y los proyectos de corto plazo. Los procesos de evaluación y sus resultados no siempre convergen ni repercuten en los procesos e instancias de acreditación de programas de estudio.
La evaluación no se aprovecha en su vertiente formativa y, en forma contraria, pone en competencia a los desiguales a través de rankings o lista de posiciones. Los programas de estímulos al desempeño, por su parte, exacerban el individualismo tanto entre instituciones como entre programas académicos, alumnos y docentes.
Objetivos
a) Transformar el uso que se da a la evaluación como principio de competencia, asociada a la entrega de recursos financieros y remuneraciones para sustentarlo en su carácter formativo, dirigido a identificar los principales rezagos y problemas, así como a las estrategias que resulten pertinentes para solucionarlos.
b) Reestructurar los mecanismos y procesos de evaluación para que no se finquen exclusivamente en logros educativos e indicadores medibles de resultados, sino en los elementos y procesos que resulten de utilidad para mejorar el funcionamiento del sistema y retroalimentar a los interesados.
c) Reorientar y transparentar las estrategias de evaluación dirigidas a cada uno de los actores educativos y a sus organizaciones escolares.
d) Generar un sistema ordenado y coherente para la evaluación, acreditación y certificación de distintos aspectos de la educación, que redunde en una efectiva mejora de la calidad educativa, y recupere la diversidad y heterogeneidad local, de los actores, de las disciplinas y las misiones institucionales.
Principales acciones
a) Elaborar un diagnóstico profundo de los alcances y límites de los diversos programas de evaluación instaurados hasta la fecha.
b) Establecer comisiones con investigadores, docentes, administradores y funcionarios educativos para reorientar a la evaluación en su sentido formativo, por medio de la reestructuración de los mecanismos y procesos de evaluación para realizar diagnósticos y análisis de los procesos de desempeño de estudiantes, académicos, programas e instituciones, que permitan tomar decisiones para la mejora educativa.
c) Asegurar la operación de un sistema unificado y confiable de información educativa, basado en datos registrales de alumnos, maestros y centros escolares.
d) Revisar los procesos de acreditación de programas en la educación superior para asegurar su confiabilidad como instrumentos que dan cuenta de la calidad de dichos programas.
9. Asegurar el financiamiento que requiere el desarrollo pleno de la educación, la ciencia, la tecnología, la innovación y la cultura
En México prevalece una desconexión de los objetivos y metas nacionales en materia de educación, ciencia, tecnología, innovación y cultura con los recursos e instrumentos financieros que aseguren su cumplimiento. Tal situación se reproduce a nivel de cada entidad federativa.
Las obligaciones en materia de financiamiento público de la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación establecidas en la Ley General de Educación y en la Ley de Ciencia y Tecnología, sistemáticamente son incumplidas por los poderes Ejecutivo y Legislativo Federal, lo que se traduce en presupuestos anuales insuficientes para atender los requerimientos del país.
El financiamiento del sector educativo se caracteriza también por la coexistencia de una gran diversidad de esquemas e instrumentos desarticulados y atomizados, tanto a nivel federal como estatal, generalmente creados en función de criterios políticos y económicos, generalmente en respuesta a visiones cortoplacistas y/o en reacción a situaciones coyunturales. Esta situación se expresa tanto en una crónica indefinición de las obligaciones y criterios de financiamiento por parte de los tres órdenes de gobierno, en una permanente insuficiencia de recursos para atender las necesidades de operación y mejoramiento de la calidad e inclusión, como también en una desigual y débil vinculación de las asignaciones presupuestarias con obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas.
La asignación y ejercicio de los presupuestos en el sector educativo generalmente se realiza de manera inercial, fuertemente influida por coyunturas económicas y políticas que configuran escenarios de permanente incertidumbre que limitan los esfuerzos de planeación de mediano y largo plazo, de las instituciones que operan en los ámbitos de la educación, ciencia, tecnología, innovación y cultura.
Objetivo
Establecer en la legislación mexicana las bases institucionales de una política de financiamiento con visión de Estado, que haga efectivo el derecho a la educación y al conocimiento, garantizando el acceso equitativo de los todos los mexicanos a una oferta educativa y cultural de calidad; asimismo, impulsar un modelo de programación presupuestaria, con visión de largo plazo, cuya aplicación permitiría al Estado mexicano cumplir con el mandato de la Ley General de Educación, para destinar al sector educativo, de manera gradual, recursos públicos equivalentes a 8% del pib, en un horizonte máximo de diez años, alineado al cumplimiento de objetivos y metas estratégicas, en un contexto de equidad distributiva y plena transparencia y rendición de cuentas.
Principales acciones
a) Construir e implantar un modelo de financiamiento público de la educación, la ciencia, la tecnología, la innovación y la cultura, mediante reglas claras de distribución, de concurrencia y corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno, que confieran un renovado impulso al federalismo educativo, a partir de dos ejes:
Primer eje: Cumplir con el mandato de la Ley General de Educación, que obliga al Estado mexicano a destinar al sector educativo recursos equivalentes a 8% del pib. Para tal efecto, se propone una política de financiamiento apoyada en un esquema de programación presupuestaria plurianual que establezca con claridad, en la legislación y la normatividad presupuestaria federal y local, la distribución y la concurrencia de los tres órdenes de gobierno en la asignación de recursos para educación, ciencia, tecnología, innovación, y cultura en los presupuestos federal y de las entidades federativas.
Alcanzar la meta que establece la ley, significa incrementar el financiamiento público en tres puntos del pib, de manera gradual, durante los próximos diez años; tal esfuerzo resulta viable si se aplica una política con visión de largo plazo, que le confiera a la educación y al conocimiento de los mexicanos la mayor prioridad jurídica, política y presupuestaria.
Segundo eje: Establecer las bases de un modelo de programación presupuestaria plurianual del financiamiento público, que garantice la asignación de los recursos necesarios para alcanzar seis objetivos estratégicos de la política de educación, ciencia, tecnología, innovación y cultura, planteados para el periodo 2013-2022, los cuales son:
i) Abatir el analfabetismo y el rezago educativo;
ii) integrar y consolidar las políticas de mejoramiento de la calidad e inclusión educativa que inserte a México, en condiciones de competitividad social, en la sociedad del conocimiento;
iii) universalizar la cobertura en educación media superior en el plazo establecido por el artículo 3o. de la Constitución General de la República;
iv) sentar las bases financieras de una política de educación superior, ciencia, tecnología e innovación con visión de largo plazo, que garantice el incremento sostenido de los recursos para los distintos tipos de instituciones, atendiendo criterios que fortalezcan la autonomía, reduzcan las desigualdades, estimulen el desempeño y vigilen su ejercicio a partir de un marco normativo renovado de transparencia y rendición de cuentas;
v) alcanzar una tasa bruta de cobertura en educación superior de 60%;
vi) impulsar la creación de un sistema nacional de becas educativas, que unifique y articule de manera eficiente los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno para apoyar la inclusión y el mejoramiento del logro educativo desde el nivel básico hasta el superior.
b) Impulsar reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria con el fin de que se garantice la ministración oportuna de los recursos federales aprobados por el Congreso de la Unión a las instituciones de los sectores de educación, ciencia, tecnología y cultura; asimismo, para que el Poder Legislativo sancione cualquier reducción a los presupuestos a dichas instituciones.
c) Establecer mecanismos de financiamiento orientados a fortalecer las capacidades de los gobiernos estatales para atender las necesidades locales y regionales en materia de educación, ciencia, desarrollo tecnológico, innovación y cultura, dando prioridad a los grupos sociales más vulnerables y a los municipios y zonas con mayores rezagos.
d) Armonizar y clarificar las disposiciones legales y presupuestarias en materia de financiamiento para la ciencia, la tecnología y la innovación, contenidas en la normatividad vigente, precisando:
i) Los conceptos para medir y dar seguimiento a la inversión del Estado mexicano en la ciencia, el desarrollo tecnológico y la innovación, y
ii) la concurrencia y aportación presupuestaria que corresponde a cada orden de gobierno.
e) Armonizar los diversos programas e instrumentos de financiamiento de la educación, la ciencia, la tecnología, la innovación y la cultura, que operan a nivel federal y estatal, con el fin de optimizar los recursos disponibles, evitar duplicidades y alinearlos a objetivos y metas estratégicos orientados por una planeación de mediano y largo plazo.
10. Hacer de México un país en formación permanente
En México, como en otras partes del mundo, todos los actores políticos y sociales coinciden en la relevancia de lo educativo en el contexto de la sociedad contemporánea. El tema está presente en todos los debates que tienen que ver con el combate a la pobreza y la desigualdad, así como la deseable igualdad de oportunidades. Sin embargo, esta coincidencia y aparente consenso se limitan al ámbito discursivo y en la práctica ni las políticas públicas ni las asignaciones presupuestales corresponden a la supuesta importancia que se confiere a la educación.
Por ello este Plan de Diez Años plantea explícitamente la necesidad de revertir esta situación y de poner en el centro de las políticas y del gasto público a los requerimientos de un Sistema Educativo Nacional (SEN) renovado. En esta dirección es imprescindible poner el énfasis en la necesidad de la educación para todos y para toda la vida como una formulación que sintetiza los objetivos y acciones planteados en este documento.
Objetivos
a) En los próximos diez años el SEN, incluyendo su normatividad, estructura, instituciones, programas y recursos financieros y humanos debe ser transformado para cumplir con los objetivos de cobertura universal hasta la educación media superior, medios suficientes de educación y actualización permanente, educación de buena calidad en todos los niveles y centros escolares como articuladores de la sociedad alrededor del conocimiento y la cultura.
b) Alcanzar un escenario de equidad educativa en el que se hayan reducido al mínimo las brechas existentes entre entidades federativas, localidades urbanas y rurales, grupos étnicos y sociales, así como entre hombres y mujeres.
c) Alcanzar, en la próxima década, una condición en la que todos los mexicanos sin distingo tengan acceso permanente a oportunidades y programas educativos acordes a sus expectativas de desarrollo y necesidades específicas.
d) Hacer de la educación un instrumento eficaz para impulsar la construcción de un estado de bienestar colectivo, con desarrollo social y crecimiento económico.
Principales acciones
a) Dar curso a políticas que hagan énfasis en la necesidad de la educación para todos y para toda la vida.
b) Garantizar la disponibilidad de oportunidades educativas, formales e informales, para que la población tenga acceso permanente a la preparación y actualización en los más diversos temas y disciplinas. La participación de las IES, tanto públicas como privadas, con una muy amplia oferta curricular y extracurricular es determinante para alcanzar esta meta.
c) Utilizar a los centros escolares en todas las localidades del país para garantizar el acceso a la educación y la educación para toda la vida en actividades tales como:
• Alfabetización y seguimiento de poblaciones recién alfabetizadas.
• Atención al rezago educativo.
• Incorporación de los padres al proceso educativo de los hijos a través de la participación en actividades escolares, apoyo en tareas y trabajos, interacción con el profesorado y seguimiento de las trayectorias escolares.
• Educación continua para adultos.
• Promoción y difusión de actividades culturales.
• Organización de actividades comunitarias y sociales.
• Alfabetización y acceso a las TIC.
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