En un país donde casi la mitad de la población, 52 millones según el CONEVAL,16 vive en condiciones de pobreza, la educación pública es la única vía para que muchos jóvenes tengan acceso al conocimiento y a la superación como personas y como ciudadanos. Por eso nos urge diseñar y poner en práctica una política de Estado en materia de educación superior, ciencia y cultura.
Una pieza esencial de esta política de Estado debe estar dirigida a realizar una reforma integral del sistema educativo mexicano. Una gran reforma que parta del reconocimiento de que la educación es un bien público y por lo tanto una responsabilidad ineludible del Estado. Como bien plantea el premio Nobel de economía Joseph Stiglitz: “los bienes públicos son las cosas de las que todos nos beneficiamos, pero cuyo abastecimiento sería insuficiente (o sería absolutamente inexistente) si fuésemos a depender del sector privado”.17
Una reforma integral del sistema educativo mexicano implica atención relevante al tema de la cobertura y sus rezagos, pero también al de la calidad. La calidad de cada nivel se va reflejando en el siguiente porque el aprendizaje es un proceso acumulativo de conocimientos y habilidades. No podemos pensar en una educación de calidad si nuestros niños y jóvenes no saben leer bien, no entienden lo que leen; si tienen problemas para expresarse por escrito, con buena sintaxis y ortografía; si no tienen una comprensión adecuada del pensamiento científico y de la lógica matemática.
Difícilmente mejoraremos nuestra calidad educativa si no emprendemos una gran reforma integral del sistema institucional, desde el preescolar hasta el posgrado. Una gran reforma que logre compensar los defectos de nuestra estructura social y económica. Una gran reforma que haga de la educación, como solía ser hace años, el gran motor del cambio y la movilidad social.
Mejorar la calidad de la educación es un proceso complejo porque involucra personas con orígenes socioeconómicos diversos, recursos financieros y tecnológicos, procesos de enseñanza y aprendizaje, planes de estudio y relaciones laborales.
Necesitamos una reforma integral que proyecte el país que queremos heredar a nuestros hijos. Un país más justo, con mayores capacidades productivas, que pueda competir en el plano mundial ante naciones que han cimentado su progreso y sus niveles de bienestar justamente en la educación y en el conocimiento.
Una reforma educativa que fomente fuertemente los valores cívicos y laicos, que promueva una sana convivencia social y el respeto de los recursos naturales, a la vez que genere las capacidades intelectuales, culturales y científicas que se necesitan en el mundo cambiante de hoy en día.
Una reforma que gire en torno al proceso de aprendizaje y provea todos los recursos necesarios para la adquisición de los lenguajes que dominan en la actualidad el mundo globalizado, y de las habilidades necesarias para aprovechar las tecnologías modernas de la información y la comunicación.
Requerimos una reforma integral y no una que atienda sólo a algunos niveles. Tenemos que asegurarnos que los estudiantes que accedan a determinado nivel tengan una educación previa con la suficiente calidad.
Una reforma que garantice el financiamiento adecuado. Ni qué decir del mejoramiento de la infraestructura, el equipamiento y los materiales didácticos, el cómputo o los talleres y laboratorios de distinto tipo, incluyendo los dedicados a la enseñanza de idiomas. Todo eso está relacionado de forma directa con el mejoramiento de la calidad, pero no hay duda, un elemento central para lograrlo es la preparación y la dedicación del personal docente.
Necesitamos una gran reforma educativa. Se la debemos a las nuevas generaciones. Para ello se requiere la participación de todas las fuerzas políticas, de las autoridades de los diversos niveles de gobierno y de la sociedad en su conjunto.
Si aceptamos que la educación constituye el mejor puente entre el México de hoy y el del futuro, tendríamos que alejarnos de la retórica y pasar a definir todo lo que sea necesario para iniciar esa gran reforma. Una reforma definida de inicio a fin con la intención de establecer una política de Estado en materia educativa que trascienda los limitados plazos sexenales y las vicisitudes de la alternancia en el poder.
Necesitamos una política de Estado porque en materia educativa los avances son muy lentos, son generacionales y, por lo tanto, difícilmente pueden ofrecer rendimientos políticos inmediatos a los gobiernos en turno.
16 CONEVAL, Pobreza 2010, en línea http://www.coneval.gob.mx/cmsconeval/rw/pages/medicion/pobreza_2010.es.do.
17 Joseph E. Stiglitz, “La porción justa de Mitt Romney”, El País (Suplemento Negocios), domingo 9 de septiembre de 2012, traducción de Rocío L. Barrientos.