La construcción de un sistema de educación pública, desde la fundación del Estado nacional de México en 1821, ha seguido uno de los trayectos más difíciles, arduos y nobles para contribuir al desarrollo de nuestra nación. Durante los primeros 100 años se multiplicaron las iniciativas tendentes, sobre todo, a lograr que los niños aprendan a leer en la educación elemental, que se concretaron en cada uno de los ámbitos que nuestra evolución política y social fue identificando desde el gobierno federal, en los estados, en los municipios y para los particulares. La concurrencia que se logra entre todos estos elementos con la creación de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en 1921, establece un nuevo patrón de construcción institucional que logra, tras cerca de 200 años de vida independiente, alcanzar una alfabetización prácticamente universal para niños y jóvenes, y niveles de participación en todos los tipos educativos inimaginables hace 50 años. Permanecen, no obstante, rezagos muy importantes y muy serios problemas de equidad en el acceso y permanencia en el sistema educativo para diversas entidades, regiones, zonas rurales, familias indígenas, trabajadores migrantes, discapacitados y otros grupos vulnerables en la actualidad, en la denominada sociedad del conocimiento.
La Constitución de 1917 enriqueció las normas jurídicas contenidas en la Constitución de 1857 y marcó una nueva vía para el desarrollo nacional que nos ha guiado hasta hoy. Este magno ordenamiento regula así la organización de los poderes públicos y sus competencias, los fundamentos de la vida económica y social, y establece los derechos sociales y las garantías individuales que deberán cubrirse con la participación y el resguardo del Estado.
Uno de los derechos sociales relevantes es el de la educación, que constituye una garantía social cuyos fines y características están plasmados en el artículo tercero constitucional. Se establece obligatoria, gratuita, laica, orientada a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y al fomento del amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia, entre otros principios. Es decir, en el artículo tercero se establece el ideal de ciudadano y nación que se desea alcanzar por medio de la educación, así como la responsabilidad y la rectoría del Estado para proveerla a todos los mexicanos.
Las modificaciones que se han realizado al artículo tercero a través del tiempo, así como su reglamentación —Ley Federal de Educación (1973) y la vigente Ley General de Educación (1993)— no han transformado en esencia los grandes ideales revolucionarios que se tenían con respecto a la educación. Estos cambios han procurado concordar con la esencia del artículo tercero y, en todo caso, tratan de responder a las transformaciones que caracterizan a la sociedad.
Actualmente los problemas que presenta el sistema educativo mexicano son múltiples y muchas de las políticas que se han aplicado en el transcurso de las tres últimas décadas no han logrado acercarnos a los grandes ideales referidos sobre el ser, el hacer y la finalidad del sistema educativo. La persistencia de la pobreza y las grandes desigualdades sociales se encuentran ampliamente relacionadas con las desigualdades educativas, que mantienen a amplios sectores de la población atrapados en el círculo de la pobreza. Por ello se considera necesario avanzar hacia el establecimiento de un nuevo ciclo de políticas para la educación en nuestro país, que permitan cubrir los ideales que nos hemos fijado como nación, cuyos compromisos están plasmados en el artículo tercero de nuestra Constitución y refrendados en la Ley General de Educación. Un nuevo ciclo de políticas que comprenda la responsabilidad y participación de los principales actores vinculados con esta actividad (Estado, instituciones educativas, maestros, padres de familia y agrupaciones de la sociedad civil), para así afrontar los múltiples problemas que aquejan al sistema educativo en nuestro país.
Estas políticas deberán estar soportadas por una reflexión filosófica seria sobre los principios de la educación y sobre los sujetos que se quiere formar. Esto es necesario, puesto que la solución de los problemas es más compleja de lo que usualmente se piensa. La visión sobre la forma en que hasta la fecha se han querido solucionar sus problemas ya está agotada y, en muchos casos, no pasan de ser reformas parciales, desarticuladas o bien con fallas graves en sus procesos de implementación, además de que no se realizan procesos de seguimiento riguroso de sus alcances y límites.
En este sentido, el presente documento no está orientado a ofrecer soluciones que resulten apresuradas o fáciles para los problemas educativos, que son múltiples y complejos, más bien está orientado a llamar la atención sobre los problemas más trascendentales que afectan al sistema educativo y que deben ser atendidos de manera urgente por este nuevo ciclo de políticas, en el que se comprenda la necesaria participación de todos los sectores vinculados al quehacer educativo para llegar a soluciones que resulten más integrales y definitivas, para hacer que la educación contribuya más eficazmente a constituir una nación más equitativa y soberana, así como para impulsar su desarrollo social y económico.