Hoy día los retos son enormes: incrementar sustancialmente la educación preescolar, acrecentar el logro de una secundaria completa para todos, hacer realidad la educación media superior obligatoria y mejorar la cobertura, la equidad, la calidad y la pertinencia de todos los tipos educativos incluyendo, de manera significativa, la educación superior y la correspondiente a la población en rezago educativo.
La importancia discursiva sobre el papel central de la educación como motor que impulsa los cambios que el país requiere no encuentra eco suficiente en las acciones, los resultados y los recursos en esta materia, desde el punto de vista político, social, académico y financiero. No se ha logrado diseñar ni operar un proyecto consistente y coordinado en materia educativa para anclar y proyectar al país en materia de prosperidad, calidad de vida y participación ciudadana en lo individual y en lo colectivo. En general, el desarrollo educativo ha estado condicionado a las políticas sexenales, lo que dificulta la continuidad de las acciones y propuestas de planeación y gestión institucional, particularmente en los niveles de educación básica y media superior.
Se trata de un sistema educativo enorme, regulado por un gran aparato federal, al que se suman instancias estatales, instituciones autónomas y entidades privadas. Según datos del VI Informe de Gobierno, en el ciclo escolar 2011-2012, el Sistema Educativo Nacional (SEN) alcanzó una matrícula en la modalidad escolarizada de 34.8 millones de estudiantes distribuidos en los distintos tipos, niveles y servicios educativos.1
En lo que corresponde a la educación básica, se atendió en dicho periodo a 25.8 millones de alumnos, que corresponden a 74% del sistema educativo. En el nivel preescolar se atendió a 83% de la población entre tres y cinco años de edad. En primaria, la cobertura de niños entre los seis y 12 años se considera universal, y en secundaria se alcanzó 96.8%.
La atención en el nivel medio superior en el ciclo escolar 2011-2012 ascendió a 4.3 millones de estudiantes en la modalidad escolarizada. De ellos, 60.4% de la matrícula cursó estudios de bachillerato general, 30.7% el bachillerato tecnológico y 8.9% lo hizo en escuelas de profesionales técnicos. Los estudiantes de este nivel representaron 12.4% del total del SEN. La reforma a los artículos tercero y 31 de la Constitución que señala la obligatoriedad de la educación media superior establece que, a partir del ciclo escolar 2012-2013, y de manera gradual y creciente hacia el ciclo 2021-2022, se deberá lograr la cobertura universal de este tipo educativo.
La matrícula de la educación superior en la modalidad escolarizada (técnico superior universitario, educación normal y licenciatura universitaria y tecnológica) alcanzó casi tres millones de estudiantes (2 932 000). Si a ello se añade la población de posgrado (228 900), la matrícula total alcanza 3 161 200 alumnos. Durante el ciclo en cuestión, la población total en el nivel superior (escolarizada y no escolarizada) representa 32.8% de la población con edades de 19 a 23 años, muy por debajo de nuestros socios comerciales y de algunos países latinoamericanos; pero también se encuentra desigualmente distribuida, presenta una distribución por áreas de conocimiento poco consistente con las necesidades del país y registra muy baja cantidad de posgraduados.
De acuerdo con el último informe de gobierno, el gasto en educación en 2012 fue de 975 723.3 millones de pesos, 62.3% de los cuales fueron aportados por la federación, 16% por los gobiernos estatales y municipales y 21.7% por el sector privado, lo que no representa 8% del pib señalado en la Ley General de Educación.
La política educativa del actual gobierno ha sido de continuidad con las de los dos sexenios anteriores, con tendencias gradualistas y avances poco significativos, centrada en la evaluación como principal instrumento, acotada por los intereses gremiales y electorales en manos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), alineada a estrategias internacionales que han soslayado el contexto local, con escasa regulación y supervisión del funcionamiento de las instituciones privadas y los proveedores extranjeros. La mirada centralista del Poder Ejecutivo federal y de la SEP demuestra poca sensibilidad con las circunstancias nacionales y los rasgos de diversidad geopolítica, socioeconómica, cultural e ideológica que caracterizan al país y a los componentes del sistema educativo.
Los datos educativos deben ser vistos a la luz de un rasgo estructural, el de la desigualdad, sea entre modalidades y tipos educativos, grupos sociales o bien regiones del país, que potencia la exclusión y el rezago educativos, que obstaculiza el ejercicio ciudadano de la libertad y la democracia. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) la desigualdad y la pobreza en México2 es 1.5 veces superior a la de un país promedio de esa organización y dos veces mayor a la de naciones con baja desigualdad como Dinamarca (OCDE, 2008). Los indicadores educativos mencionados se disparan si comparamos, por ejemplo, el Distrito Federal o Nuevo León con Guerrero, Oaxaca o Chiapas,3 o si revisamos rangos de edad y sexo,4 o si nos detenemos en la situación de la población indígena,5 o en las condiciones de infraestructura, equipamiento y personal docente de las escuelas urbanas o las multigrado.
A continuación se presentan las principales características por tipos y niveles educativos, se detallan rasgos de la denominada educación para la integración, que está referida a la educación especial y la indígena. Se finaliza con un diagnóstico sobre los principales problemas de gestión y conducción del sistema educativo nacional.
1 Hay que señalar que la confiabilidad de las fuentes estadísticas y de información es un problema no resuelto en el país, y se agudiza para el ámbito de la investigación educativa.
2 Cincuenta millones de mexicanos viven en pobreza, 18.2% en pobreza extrema (estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, 2009). México ocupa el lugar 52, de un total de 177 países, por su índice de desarrollo humano (PNUD, 2009).
3 Es decir, 10.5 y 9.8 años de escolaridad en el Distrito Federal y Nuevo León, frente a 7.3, 6.9 y 6.7 en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, respectivamente; o 2.1 y 2.2% de analfabetos, frente a 16.7, 16.3 y 17.8% de analfabetos (INEGI, Censo 2010).
4 En promedio 21.2% de analfabetos de entre 60 y 74 años de edad, pero 25.1% de las mujeres en esa edad; o 4.2% de analfabetos de entre 30 y 44 años, pero 4.7% de las mujeres (INEGI, Censo 2010).
5 Según la UNICEF 40% de la población indígena de 15 años y más no ha terminado la escuela primaria, y menos de 10% de los hijos de jornaleros migrantes asiste a la escuela, http://centrodecapacitaciontecnologica.net/criticaeducacionmexico.html, consulta: 21 de septiembre de 2012. La desigualdad social de los indígenas es 11 veces más profunda que cualquier otro grupo social; tienen ingresos 17 veces menores al promedio de los capitalinos y casi 50% de los niños indígenas padece desnutrición y no completa la primaria (PNUD, 2009).