Desigualdades que marcan

La transformación de las políticas educativas no tendrá el mismo impacto si no va acompañada de dos estrategias fundamentales hacia los niños y jóvenes: la salud integral y la seguridad económica, elementos que todavía dividen a las generaciones y acortan sus oportunidades.

En primer lugar, la inserción formal a la ciudadanía. De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS), para 2009 todavía 20% de los niños menores de un año no había sido registrado;9 es decir, no fueron dados de alta ante el Registro Civil, por lo que carecen de un acta de nacimiento que los acredite como nacidos, como personas perteneciente a un país, lo que en su momento, por un lado, les complicará el ingreso a la educación y el acceso a la salud, entre otras cosas; pero, por otro, se trata de un dato que habla de una falta de identidad, pues el inicio formal de la ciudadanía efectiva a través de una identificación válida y segura como el acta de nacimiento, es inexistente, por lo que no pertenecen en términos formales a ningún Estado-nación, como entidad garante de derechos; en términos institucionales, son niños que no existen.

En términos de salud, uno de los programas más exitosos en el país en los últimos 30 años es, sin lugar a dudas, la cobertura de vacunación de la población menor de un año; para 2006 dicha cobertura era de 95.2%, pero nos encontramos con disparidades regionales, pues había estados que presentaban un rezago mayor, como Quintana Roo (23.9%) y el Estado de México (14.6%). En el año 2000, los casos por desnutrición en la población de cero a cuatro años de edad era de 37.7%, de los cuales por desnutrición leve eran 81.2%, moderada 17.2% y grave 1.6%; mientras que para 2009 los casos totales disminuyeron poco, al 32.71%; de ellos, por desnutrición leve el promedio fue de 79.4%, moderada 18.7% y grave 1.9%.

La tasa de mortalidad infantil es una variable que de igual manera ha mejorado en los últimos años: para 2000 fue de 30.9 y descendió a más de la mitad para 2010, pues ya se encontraba en 14.2; sin embargo, la principal causa de muerte en niños mayores de uno y hasta los cuatro años de edad sigue siendo por enfermedades de la pobreza, es decir, infecciosas intestinales y respiratorias agudas.

En este mismo rubro sorprende que en el grupo de edad de cinco a 14 años, las causas de mortalidad sufran un cambio drástico, pues la principal causa se debe a accidentes de vehículo motor, seguida de leucemia y, al final, el ahogamiento y la sumersión accidentales. Esto debería poner en el centro de nuestras preocupaciones el mejoramiento de los entornos domésticos y cercanos de los niños y jóvenes: volvemos al tema de la familia como lugar de convivencia poco segura y en donde el ejercicio de la violencia se ha invisibilizado.

A pesar de que los datos parecen alentadores y las condiciones de salud de la mayor parte de los niños del país han mejorado, aún hay más de 30% de la población de cero a 17 años de edad que carece de derechohabiencia, esto significa que más de 12.8 millones de niños y niñas no cuenta con servicio médico público (ver cuadro 8).

Se trata, además, de una generación que ha estado en contacto con los grandes casos epidemiológicos por virus tanto en las grandes ciudades como en el medio rural (empezando con el VIH y con el AH1N1). Nunca como ahora el intercambio entre ambientes y las relaciones entre diferentes entornos sociales ha provocado contagios inmediatos que generan, incluso, la parálisis total de comunidades, localidades y ciudades completas.10

Todo lo hasta aquí descrito se inserta, además, en una profunda disparidad económica; en el año 2000 la probabilidad de que un niño o joven de cero a 17 años de edad viviera en un hogar con ingresos de hasta dos salarios mínimos, era altísima; si el jefe del hogar es hombre formará parte de 41.2% de los hogares con esta condición, y si es mujer dicho dato se eleva a 49.9%. En otras palabras, la mitad de los niños nació en hogares cuyo ingreso mensual no supera los 2 107.20 pesos.

De ahí que a pesar de los avances logrados en la retención escolar, muchos miembros de esta generación se vean obligados a abandonar tempranamente la escuela para integrarse al mercado laboral (en el año 2000, del millón 97 mil que desertaba de la escuela a los 12 años, 43.2% se iba a trabajar, y aunque en 2010 esta cifra descendió a la mitad, es decir, a 908 000 jóvenes, la proporción de quienes se fueron a trabajar a esa edad ascendió a 44.9%). Sumando la totalidad de aquellos que entre 12 y 15 años desertan de la escuela, tenemos que en el año 2000 éstos representaban 8.12 millones de jóvenes, de los cuales 48.9% se iban a trabajar; 10 años más tarde, en 2010, la proporción de jóvenes era de 6.19 millones, de los cuales 49.2% se incorporaba al mercado laboral).11 Lo anterior significa que casi tres de cada cinco jóvenes se incorporan prematuramente al mercado de trabajo. La mitad de esos jóvenes que trabajan lo hace sin recibir ninguna remuneración, y quienes sí reportan ingresos, 47.2% recibe menos de dos salarios mínimos, y 15.3% cubre una jornada laboral de más de 48 horas semanales.

Las duplas salud-educación y economía-educación se han visto en la mayoría de los diseños de políticas como articulaciones externas al problema de la instrucción de niños y jóvenes; sin embargo, el rápido recuento aquí realizado dibuja un panorama donde las desigualdades se han estado profundizando. Lo que nos muestra la experiencia es que cada vez que el Estado retrocede, se acrecientan esas desigualdades, pero estas desigualdades no son discriminaciones (no sólo), sino marcas de frustración que quedan en quienes tienen que abandonar la escuela; son marcas que se reflejan en las inadecuadas condiciones de salud que limitan las expectativas de vida; son marcas que incrementan la hostilidad entre grupos e individuos; son marcas contra la democracia. Son a fin de cuentas esa suma de pequeñas desigualdades que se vuelven grandes desigualdades en las trayectorias escolares (Dubet, 2012).