Las políticas, las medidas legislativas y las innovaciones que se emprendan, relativas a la educación de la población en rezago educativo, deben ser globales, incluyentes de los sectores sociales y productivos e integradas en una perspectiva de aprendizaje a la largo de la vida, basadas en enfoques sectoriales e intersectoriales; abarcar y vincular todos los componentes que puedan aportar, en el marco de un renovado pacto social por la liberación de la ignorancia, el enriquecimiento del saber y la dignificación de jóvenes y adultos en situación de rezago educativo. Las políticas educativas deben diversificarse suficientemente y concebirse de modo que no constituyan más un factor de exclusión social.14
Las políticas públicas en materia educativa deben dar respuesta a las necesidades manifiestas y a las no externadas, implícitas, silenciosas e invisibles, pero que se viven con gran intensidad como privaciones que no pueden ser ignoradas. Gran parte de las necesidades insatisfechas y apremiantes son las que degradan a las personas y atentan contra su dignidad. La educación y el aprendizaje a lo largo de la vida son herramientas poderosas para enfrentarlas y poder superarlas.
Prioridad de la educaciónde jóvenes y adultos
La gravedad de la problemática del rezago educativo, demanda tomar decisiones firmes y decididas con prioridad a la atención de los grupos en situación de vulnerabilidad.
Empero, la prioridad en cuanto a la educación de los jóvenes y los adultos no puede ser en detrimento de la atención que debe tener el sistema escolarizado. Más aún cuando este sistema genera, en buena medida, las altas tasas de rezago que hoy existen.
Se trata de posicionar el tema en el lugar primordial que siempre debió haber tenido para hacer justicia a los que más necesitan y menos tienen. Y centrar las estrategias y líneas de acción en los sectores vulnerables, en la alfabetización, en las poblaciones rurales e indígenas, las mujeres, las personas con discapacidad, los desempleados.
La educación merece la más alta prioridad entre los programas sociales de apoyo a la población joven y adulta en situación de vulnerabilidad, porque de esta primacia depende que los programas compensatorios dejen de tener un simple efecto asistencialista y sean sustentables y mejor aprovechados por los sujetos mejor educados, una vez que hayan sido habilitados para aprovechar los recursos más inteligentemente.
Redefinir el concepto de solidaridad social
La renovación del sentido de solidaridad social sobre la educación y la educación de adultos demanda una nueva forma de entenderla y un cambio de actitudes sobre la participación de la sociedad en la gestión educativa.
Es necesaria una política pública más clara en el discurso y en la acción que articule la responsabilidad gubernamental y renueve el concepto de solidaridad social en un esquema de corresponsabilidad compartida, que reconozca los problemas estructurales que producen, reproducen y alimentan el rezago educativo.
La representación y la participación de todas las partes interesadas son indispensables para garantizar que sea receptiva a las necesidades de todos los educandos, especialmente de los más desfavorecidos.
La actualización del concepto de solidaridad social no se puede entender en el sentido de eximir al Estado de su responsabilidad de hacer efectivo el derecho a la educación que asiste a todos los mexicanos sin excepción alguna. El Estado no debe ser obstáculo para la participación social sino un promotor y animador desencadenante de la capacidad potencial para contribuir a la solución de los grandes problemas nacionales. El Estado tiene la responsabilidad de la cumplir con el derecho a la educación pero no puede tener el monopolio de la misma, porque la educación es una responsabilidad que concierne a todos.
La solidaridad social es necesaria y sumamente valiosa para la cohesión de las comunidades, para ampliar la visión de los problemas y multiplicar los esfuerzos gubernamentales con el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil, pero siempre será insuficiente por sí misma para enfrentar los grandes problemas nacionales.
La solidaridad puede complementar, enriquecer y legitimar los programas de educación de los jóvenes y adultos, pero no puede suplir las obligaciones y responsabilidades del Estado para que cumpla con el derecho a la educación de los jóvenes y adultos.
El Estado, en sus diversos órdenes de gobierno, el aparato educativo, la sociedad, las familias, los sujetos de la educación y todos los elementos que conforman el sistema, deben actuar en un marco de acción concertada de políticas educativas sobre el aprendizaje a lo largo de la vida, que actualice los propósitos y alcances de la educación de los jóvenes y adultos.
La igualdad como imperativo ético-social
Las políticas públicas en el sector educativo deben buscar deliberada, consistente, persistente y eficazmente la igualdad, impidiendo que la educación pública siga siendo factor de reproducción y perpetuación de la desigualdad. Habrá que revertir el orden de prioridades para privilegiar a los más necesitados de conocimiento y habilidades para la vida y el trabajo.
Habrá que escapar al falso dilema que representa la elección de prioridades: la tensión entre una dimensión ética y una medida pragmática, entre justicia y rentabilidad, entre jóvenes y viejos, entre el campo y la ciudad, entre hombres y mujeres. La decisión debe apoyarse en un principio de justicia social con inclusión.
Ante la realidad descrita, las autoridades educativas deben adoptar formas más efectivas de igualar oportunidades de ingreso, permanencia y terminación del ciclo de educación básica, evitando así seguir produciendo más rezago; al mismo tiempo, deben atender al rezago preexistente o histórico de manera permanente y efectiva, para reducirlo significativamente en el corto plazo.
Sin lugar a dudas, el futuro de México dependerá del éxito que tenga en su empeño por mejorar el nivel educativo de la población más pobre por medio de políticas públicas, con programas de gobierno enfocados a una igualdad y equidad efectivas, con reconocimiento de las diferencias propias de un país multicultural, procurando la reivindicación de los grupos más vulnerables y la dignificación de todos.
Enfoque integral
El aprendizaje y la educación de adultos es un factor indispensable para el logro de la equidad y la inclusión, para mitigar la pobreza y para construir sociedades equitativas, tolerantes, sostenibles y basadas en el conocimiento.
La educación de adultos debe contemplarse como derecho humano y como medio para trasformar a las personas, las comunidades y las sociedades; así también como medio efectivo para el desarrollo humano y económico.
Las conceptos sobre democracia como forma de vida, Estado social de derecho, cultura de derechos humanos, sujeto de derechos y formación de ciudadanía; así como la igualdad de oportunidades, equidad de género, dignidad y dignificación de las personas, interculturalidad y no discriminación remiten a ideas clave de una ética social que se abre caminos por distintas vías en el país, por lo que han de ser adoptados como marco de referencia de las políticas públicas en materia de educación de adultos.
Enfoque intersectorial
En virtud de la naturaleza del rezago, las políticas educativas deberán articularse con otras, intersectorialmente, para tratar de atender los factores del contexto y no sólo de la escuela simultáneamente.
Se trata de resolver los problemas de cobertura, de falta de calidad y pertinencia de la educación de los adultos con la urgencia que el caso amerita; pero, simultáneamente, con un enfoque intersectorial, atender las causas estructurales que determinan su exclusión de los beneficios de la educación básica.
Una política en materia de rezago educativo integral es el punto de partida de una efectiva acción nacional. Las oportunidades de aprendizaje que el país ofrezca para satisfacer las necesidades de los diferentes grupos poblacionales necesitan materializarse en un programa nacional, con estrategias claras, adecuación de los ordenamientos legales, un financiamiento suficiente y voluntad política para resolver efectivamente la problemática.
Una declaración de política inserta en el futuro plan nacional de educación sin recursos económicos asignados, no garantiza su implementación en terreno, hacerlo así sería tanto como seguir el mismo camino que ha demostrado su ineficacia.
Ordenamientos legales
Las propuestas en materia de rezago educativo están fundadas en el capítulo III artículo 32 de la Ley General de Educación que dice:
Las autoridades educativas tomarán medidas tendentes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad de oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos.
Dichas medidas estarán dirigidas, de manera preferente, a los grupos y regiones con mayor rezago educativo o que enfrentan condiciones económicas y sociales de desventaja.
La Ley General de Educación contiene otros mandatos que pueden coadyuvar en el combate al rezago educativo como la obligación de los padres o tutores de mandar a sus hijos o pupilos a la escuela y la obligación de los medios de comunicación de colaborar con las tareas de la educación nacional; adicionalmente en este ámbito, será necesario fortalecer los principios de obligatoriedad y gratuidad con instrumentos de exigibilidad y justiciabilidad que los hagan más efectivos.
Visibilizar la oferta educativa
Los adultos suelen tener la idea de que hay un tiempo para estudiar y un tiempo para trabajar, piensan que la educación es cosa de niños y jóvenes, que su oportunidad para saber y desarrollarse plenamente ya ha pasado y que deberán resignarse a padecer pobreza y vivir en la ignorancia.
Jóvenes y adultos abandonan los estudios sin llegar a darse cuenta de que la educación es el medio más poderoso para tener más y mejores oportunidades de empleo y para llevar una vida digna.
Para que la sociedad llegue a valorar el potencial de la educación debe hacerse una amplia campaña informativa, en un lenguaje ciudadano, sobre la oferta educativa: sus finalidades, sus objetivos concretos, sus alcances y sus beneficios para la sociedad, las familias y los niños.
Habrá que adoptar el criterio de máxima publicidad a la educación como un bien público que contribuye efectivamente a conformar sociedades prósperas auténticamente democráticas, cultas y civilizadas.
En esta tarea deben participar todos los medios de comunicación, pero principalmente los medios de carácter público. Se debe inducir a los medios privados a formular un código de ética que les prohíba, directa o indirectamente, atentar contra los fines de la educación expresados en el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Necesidades y demandas
En lugar de propiciar la igualdad, la educación reproduce y acentúa las diferencias sociales. Las mejores oportunidades son para los sectores ya de por sí más favorecidos, entre otras razones, porque en una sociedad desigual los grupos mejor posicionados socioeconómicamente despliegan mayor capacidad para demandar y exigir sus derechos básicos.
Se puede partir de la premisa de que los grupos que más necesitan de educación son los que menos la demandan.
Quienes saben plantear mayores demandas educativas en términos de cantidad y calidad son los sectores sociales con mejores posibilidades económicas, pues son éstos los que cuentan con un mayor conocimiento de la oferta educativa y oportunidades de estudio que se proporcionan en los centros urbanos más desarrollados.
En cambio, la población en situación de rezago, que por diversas razones no encontró las oportunidades adecuadas en el sistema escolar formal, en general no plantea una demanda activa, ya que sus condiciones de supervivencia y trabajo no le permiten visualizar la posibilidad de acceso a otros tipos de conocimiento y de servicios educativos.
En consecuencia, se deberá revertir la forma tradicional de extender los servicios, a partir de la demanda para adoptar una estrategia que distribuya equitativamente la oferta educativa de calidad para extenderla a los que más la necesitan.
Pertinencia cultural
Las características que mejor definen los programas en materia de educación de adultos, son su estrecho vínculo con las necesidades de las personas, sus referentes con las vocaciones regionales y respeto por sus identidades culturales, usos y costumbres.
Más que una formación de tipo académico, o escolar, lo que distingue a los programas de educación de adultos es su orientación a desarrollar habilidades para responder a necesidades prácticas, reconocer la experiencia de los adultos como fuente de reflexión y dar un nuevo sentido a la existencia de los educandos.
Tanto las personas como los grupos sociales poseen características culturales disímiles, donde el reconocimiento de sus diferencias debe hacerse atendiendo a los principios de dignidad humana, pluralismo y como sujetos de derechos e inclusión.
Las oportunidades de aprendizaje —en particular en materia de educación de adultos y competencias básicas— son tanto más pertinentes cuando se refieren a sus contextos culturales y se brindan en la lengua original en la que el educando se comunica.
Hacia un sistema de educación permanente
La educación a lo largo de la vida es una tendencia mundial en la que no hay rezago educativo, porque desde esta perspectiva toda la población en cualquier momento de su vida puede/debe estar estudiando y aprendiendo; por ello es importante aprender a aprender.15
En consecuencia, la característica primordial del sujeto de la educación a lo largo de la vida es su motivación para aprender en todo momento, es decir, de la cuna a la tumba. En esta reinterpretación del tiempo de la educación y del sujeto educable a lo largo de la vida no hay personas en situación de rezago pues se reconoce —con toda razón— que no hay una edad para estudiar y otra para trabajar. Toda persona puede empezar o retomar sus estudios en cualquier etapa de su vida.
El concepto de rezago educativo que comprende a jóvenes y personas mayores de 15 años ha evolucionado. La UNESCO reivindica el derecho a la educación a lo largo de la vida de las personas jóvenes y adultas. Mientras que los países en vías de desarrollo se plantean como horizonte a corto plazo la educación básica como piso mínimo obligatorio, los países más desarrollados impulsan decididamente la educación a lo largo de la vida.
En la perspectiva de la educación a lo largo de la vida se plantea explícitamente la conveniencia de que todas las personas estén permanentemente aprendiendo y que los gobiernos tengan una oferta variada de servicios adaptada a las necesidades del cambio, el desarrollo social y de los diversos grupos e individuos.
El derecho a la educación a lo largo de la vida plantea la necesidad de reestructurar las políticas y el sistema de educación rompiendo los esquemas de las edades escolares típicas. En este marco, es imperativo replantear y vincular entre sí las distintas secuencias de la educación, ordenarlas de otro modo de tal manera que siempre sea posible retomar el camino del aprendizaje.
La educación a los largo de la vida plantea una nueva forma de organizar el sistema educativo que difiere de los tipos, los niveles y las modalidades que hoy existen como un continuo con etapas normativas bien definidas e inalterables.
La educación a lo largo de la vida se adecua a las exigencias de la vida y el trabajo en la sociedad contemporánea; se caracteriza por estructuras variadas y flexibles que facilitan el acceso de los estudiantes a los diversos subsistemas; permite el tránsito entre modalidades y programas, en contraste con la rigidez del sistema escolarizado. Se parte de una lógica de una organización curricular adaptable a poblaciones diversas, y muchas veces dispersas, que tienen necesidades de aprendizaje muy diferentes.
La propensión a ampliar la obligatoriedad de escolaridad básica desde el preescolar hasta la enseñanza secundaria y, más recientemente, a la educación media superior, confirma la intención de avanzar hacia una educación permanente.
El reto fundamental consiste en integrar al sistema educativo una política sobre el aprendizaje a lo largo de toda la vida y hacer los cambios organizacionales y legislativos correspondientes.
14 UNESCO, Conferencia Internacional sobre Educación de Adultos. Informe Mundial sobre Aprendizaje y la Educación de Adultos. Resumen ejecutivo.
15 La propuesta de establecer el paradigma de la Educación Permanente ya fue planteada con anterioridad por la Coordinación del Área Educativa del Equipo de Transición del presidente electo Vicente Fox Quesada, en el mes de noviembre de 2000, en el Documento Bases para el Programa 2001-2006 del Sector Educativo.