México lleva más de 20 años estableciendo diversas políticas y programas de evaluación con el propósito central, de acuerdo con su discurso, de incrementar su calidad. Desde su inicio estos programas tuvieron como una de sus finalidades enfrentar la pérdida del poder adquisitivo de los salarios mediante estímulos económicos diferenciados. Así, la evaluación es un mecanismo para el acceso a recursos extraordinarios, herramienta para la rendición de cuentas o medio para lograr diferenciar sujetos e instituciones. Los efectos generados y documentados por la investigación educativa hacen inaplazable la revisión de estas políticas y las prácticas establecidas en las últimas dos décadas.
Los diferentes programas de evaluación han adquirido una complejidad que trasciende a la propia tarea de evaluar. Esta complejidad es producto de múltiples tensiones entre los modelos de evaluación para la gestión y los modelos de evaluación para la retroalimentación; en la práctica han predominado los primeros en detrimento de los segundos. De igual forma compiten entre sí la orientación de la evaluación en el sistema educativo para la toma de decisiones y aquella dirigida a la mejora de los procesos evaluados.
Valorar el resultado de los aprendizajes escolares es, ciertamente, una tarea compleja; sin embargo, considerar que la única forma de lograrlo es mediante pruebas a gran escala, sin duda simplifica y desconoce la complejidad e importancia de factores que intervienen en el acto educativo y en la tarea docente.
Se puede afirmar que hay una distancia entre el discurso de la importancia de establecer una “cultura de la evaluación” y el seguimiento cuidadoso de las especificidades técnicas de la evaluación del y para el aprendizaje, la docencia, la investigación, los programas académicos y planes de estudios, y las instituciones. Se suele confundir evaluación con resultados de la aplicación de instrumentos: un examen, la aplicación de una escala de desempeño docente, el llenado de un formato tipo lista de chequeo de un programa académico, entre otros, suelen considerarse como evaluación.
Es urgente transitar a nuevas estructuras de evaluación que permitan identificar aprendizajes no logrados y retroalimentar a docentes, alumnos y padres de familia sobre los resultados y las alternativas posibles. Los exámenes generalizados hasta el momento han mostrado muchas carencias; están alineados al currículum o apuntan al conocimiento de las competencias logradas, no permiten el seguimiento de un mismo niño y joven en el transcurso del tiempo, lo cual elimina las posibilidades de retroalimentación, no ofrecen información oportuna para que los docentes puedan aplicar acciones y, sobre todo, han mostrado en todas sus aplicaciones las dificultades para que un alto porcentaje de sustentantes logre sus niveles más altos. Todo ello no ha sido suficiente para que se efectúe un razonamiento político y académico serio sobre su pertinencia y continuidad.
Por todo lo anterior, es urgente aplicar medidas concretas en beneficio del sistema educativo para reorientar la forma en que hasta ahora ha prevalecido la evaluación:
• Generar un sistema ordenado y coherente para la evaluación, acreditación y certificación de distintos aspectos de la educación, que redunde en una efectiva mejora de la calidad educativa y recupere la diversidad y heterogeneidad local de los actores, de las disciplinas y las misiones institucionales.
• Transformar el uso que se brinda a la evaluación como principio de competencia —asociado a la entrega de recursos financieros y remuneraciones— para sustentarlo en su carácter formativo, dirigido a identificar los principales rezagos y problemas, así como las estrategias que resulten pertinentes para solucionarlos.
• Acopiar los resultados de las iniciativas de evaluación para identificar los aspectos positivos que puedan recuperarse en la perspectiva de evaluar para la mejora de instituciones, programas, académicos y estudiantes.
• Revisar los indicadores de los distintos procesos de evaluación apropiados a la realidad social, cultural y económica del país, así como a su heterogeneidad.
• Consolidar una orientación de las acciones de evaluación hacia el mejoramiento de la calidad y no hacia rutas alternas de financiamiento especial o adicional. Desarticular la remuneración salarial de los docentes de los sistemas de estímulos.
• Identificar los elementos ajenos a la evaluación que actualmente distorsionan su sentido, como las diversas prácticas de simulación, para su atención inmediata.
• Armonizar los propósitos y requerimientos de los distintos programas de evaluación, así como la valoración de los lapsos (o tiempos) para su adecuada aplicación y uso.
• Fortalecer los programas de formación dirigidos a los agentes encargados de llevar a cabo las distintas estrategias de evaluación; profesionalizar las tareas de evaluación y acreditación.
• Fortalecer los soportes teóricos, conceptuales y técnicos en el diseño y puesta en marcha de las acciones de evaluación del ejercicio docente en todos los tipos educativos, dada la complejidad de su quehacer académico y la heterogeneidad en sus condiciones de desempeño.
• Revisar y transparentar criterios, procedimientos e indicadores para la acreditación de programas de estudio e instituciones, con el concurso de instancias públicas, sin afán de lucro.
• Preservar y regular la calidad del servicio académico de todas las instituciones educativas privadas, por medio del otorgamiento y mantenimiento del RVOE, y procurar el cumplimiento de la normatividad en la materia.
El propósito de la evaluación para la mejora del sistema educativo, planteado originalmente, se desdibujó en parte por la acumulación de múltiples propósitos. Una propuesta sólida para el sistema educativo reclamaría reconstruir desde su base la actividad de evaluación de la educación. Sin perder de vista la necesidad que tiene el sistema de contar con elementos para la toma de decisiones, se requiere priorizar el sentido pedagógico-didáctico de la evaluación buscando, en primer término, contar con elementos que permitan retroalimentar el sistema.
Se requiere abandonar la perspectiva que ha orientado la evaluación hasta este momento para impulsar una metaevaluación, hacia acciones más racionales y académicas, en donde los estudiantes y profesores sean los primeros beneficiarios de sus resultados.