De acuerdo con la UNESCO (2012: 203):
Aproximadamente una de cada seis personas de la población mundial tiene entre 15 y 24 años de edad. Los jóvenes están concentrados en forma desproporcionada en algunos de los países más pobres. Los 170 millones de jóvenes que viven en países de bajos ingresos representan tanto una oportunidad como un desafío. A medida que aumenta la proporción de personas que trabajan respecto de las que son dependientes, el crecimiento económico puede verse impulsado. Pero si los jóvenes de la generación actual llegan a la edad adulta sin la educación y las competencias que necesitan para realizar su potencial, es posible que el desempleo, la pobreza y los trastornos sociales se acrecienten.
En México, la educación debe retomar su valor estratégico para la consecución de niveles más elevados de desarrollo. La educación continua aparece como una opción justa, equitativa y viable para las personas en edad de trabajar, con el fin de que incrementen sus conocimientos y habilidades, y puedan participar en actividades que les genere mejores salarios, producto de niveles de productividad e innovación superiores.
Para que este esquema de educación pueda llevarse a cabo es preciso identificar y reconocer todos los contextos y actores donde se desarrollan actos educativos, de tal manera que puedan ser organizados con fines de evaluación, certificación e integración. Estas actividades son de suyo complejas y, por ello, deben ser abordadas en el marco de un organismo que a nivel nacional establezca, entre otras cosas:
• Un registro nacional de créditos y competencias.
• Lineamientos generales y particulares para la asignación de créditos y competencias, con base a estándares de calidad.
• Certificación y evaluación de todos los actos educativos.
• Otros mecanismos que otorguen a las personas seguridad de que todos sus aprendizajes están siendo reconocidos.
Este organismo también se apoyaría y colaboraría con organismos similares de otros países y con organismos multinacionales, con el fin de contribuir en la construcción de redes que permitan ir sentando las bases de un acuerdo en nuestra región latinoamericana, similar al alcanzado por la Unión Europea para el reconocimiento de estudios vía su equivalencia en número de créditos.