A pesar de que las universidades siempre han tenido un papel preponderante en la generación del conocimiento, en este nuevo escenario deben reinventarse y transformarse para apoyar de forma flexible a la sociedad en este nuevo contexto. Por el momento, las universidades deberán considerar una gran apertura a todos los ciudadanos, independientemente de sus conocimientos previos y de su formación profesional.
Es necesario ampliar y llevar a nuevos límites las funciones “tradicionales” de la universidad, como las mencionadas por el Consejo de Universidades Españolas (2010): “la profesionalización, la investigación, la innovación, la transferencia del conocimiento y la extensión cultural”, para llevarlas a una nueva etapa en la que su porosidad y canales de comunicación con la sociedad se multipliquen y sofistiquen; en las que el valor social de su trabajo goce de un peso específico en sus decisiones y políticas.
Una organización universitaria que se base en una granularidad más fina de los grados que otorga permitirá flexibilizar la oferta escolar, dotará a los ciudadanos de una poderosa herramienta, a través de la cual todo estudio podrá ser capitalizado en un futuro, y en el que las trayectorias académicas personalizadas, especializadas al perfil y contexto de cada persona, serán una realidad.
Los adultos mayores siguen cumpliendo un papel importante en la producción de bienes y servicios, pues casi la mitad de la población de 60 a 64 años del país continúa en la actividad económica. Esto revela que existe un enorme rezago en las condiciones sociales económicas de la población adulta mayor y por lo tanto de educación; de tal forma, las acciones para recuperar este segmento de la población en materia de educación deben ir orientadas a ofrecer opciones educativas para que ellos puedan acceder a las mismas.