El presente capítulo desarrolla una propuesta con dos propósitos. En primer lugar, establecer en la legislación mexicana las bases institucionales de una política de financiamiento con visión de Estado, que haga efectivo el derecho a la educación y al conocimiento, garantizando el acceso equitativo de los todos los mexicanos a una oferta educativa y cultural de calidad; y en segundo lugar, perfila un modelo de programación presupuestaria cuya aplicación permitiría al Estado mexicano cumplir con el mandato del artículo 25 de la Ley General de Educación en un horizonte máximo de 10 años.
La propuesta plantea las bases de una política de financiamiento de la educación, ciencia, tecnología, innovación y cultura, asentada en cinco atributos fundamentales: a) fortalece el federalismo en el ámbito de la educación, el conocimiento y la cultura; b) genera certidumbre jurídica y financiera; c) aporta una estrategia integral; d) impulsa la planeación de largo plazo, y e) crea condiciones para el ejercicio de la corresponsabilidad plena de los tres órdenes de gobierno y los actores del proceso educativo, expresada en la aportación definida y creciente de recursos, con plena transparencia en su manejo y efectiva rendición de cuentas respecto a los resultados de su aplicación.
En ese contexto, se aspira a contribuir con el Estado mexicano, sometiendo a su consideración de quienes representan a los poderes públicos una propuesta que resulta, a nuestro juicio, técnica, política y financieramente viable. Su impulso permitiría cumplir con los objetivos estratégicos del plan de 10 años y conferir prioridad a seis metas fundamentales: 1) abatir el analfabetismo y el rezago educativo; 2) integrar y consolidar las políticas de mejoramiento de la calidad e inclusión educativa, iniciando en el nivel básico con el fin de insertar a México, en condiciones de competitividad social, en la sociedad del conocimiento;1 3) universalizar la cobertura en educación media superior en el plazo establecido por la Constitución; 4) sentar las bases financieras de una política de educación superior, ciencia, tecnología e innovación con visión de largo plazo; 5) alcanzar una tasa bruta de cobertura en educación superior de 60%; y 6) impulsar la creación de un sistema nacional de becas educativas, que confiera sólido soporte a la inclusión y el mejoramiento del logro educativo desde el nivel básico hasta el superior.
1 Competitividad económica: necesaria pero insuficiente para producir competitividad social, ésta se define como la capacidad de una sociedad para generar bienestar colectivo, con equidad y de manera sustentable, lo cual sólo puede ser posible mediante una estrategia basada en la salud de la población, el mejoramiento educativo y cultural y el empleo digno (pnud-onu).