El derecho a la educación implica la garantía de oportunidades para el acceso y la permanencia de los niños y jóvenes en el sistema educativo, especialmente a una educación de la mayor calidad y pertinencia en todos sus tipos, niveles y modalidades. El Estado tiene la obligación de garantizarlo.
La ampliación de la escolaridad con calidad es necesaria por: la urgencia de alentar procesos sólidos de inclusión social en las nuevas generaciones; la exigencia de formar una ciudadanía informada, crítica, tolerante y proclive a generar acuerdos locales y nacionales; el aumento sin precedente de la demanda educativa en los niveles medio superior y superior; la necesidad de fortalecer la calificación y por lo tanto la calidad en el empleo de la población económicamente activa; la atención a los requerimientos emergentes de científicos, tecnólogos, profesionistas y técnicos de la sociedad basada en el conocimiento; y, en general, por el sustento educativo y cultural que exigen los cambios hacia un modelo de desarrollo del país más incluyente, sostenible y con visión de largo plazo.
El derecho a la educación requiere ser reinterpretado para contar con condiciones de exigibilidad, no sólo en términos de oportunidades de acceso y permanencia en el sistema escolar, sino fundamentalmente como derecho a la calidad educativa. El Estado está obligado a desplegar procesos de alta calidad académica dirigidos a los sectores económicos más vulnerables, con especial atención a las poblaciones indígenas.
En el México de hoy persisten problemas graves en materia de analfabetismo, rezago escolar acumulado e insuficiente cobertura educativa, que no han podido resolverse y que continúan acrecentándose. De cara a esos problemas se propone lo siguiente:
1. Abatir el analfabetismo
El nivel de analfabetismo que existe actualmente en México es inaceptable desde múltiples puntos de vista. En primer lugar, es un déficit en el cumplimiento de los derechos humanos fundamentales de los mexicanos. Constituye uno de los elementos más flagrantes de la desigualdad, la exclusión y la marginación existentes en el país. Es, además, un auténtico lastre para lograr la plena inclusión de todos los grupos de la sociedad en los proyectos de desarrollo nacional, regionales y locales. México no podrá considerarse un país moderno y desarrollado mientras subsista esta deuda social.
Además de la urgencia social que reviste el combate frontal al analfabetismo, debe entenderse que su persistencia constituye un auténtico impedimento para que se cumpla a cabalidad el precepto de obligatoriedad de la educación consagrado en la Constitución.
Objetivos
a) Reducir a un máximo de 3% la tasa nacional de analfabetismo y asegurar que en ninguna de las entidades federativas esta proporción alcance a 10% de la población mayor de 15 años. Esta meta puede y debe alcanzarse en un plazo no mayor de cuatro años.
b) Generar estrategias y programas articulados que aseguren la educación permanente de los adultos alfabetizados, vinculándola productivamente a su entorno y al mejoramiento de sus condiciones de vida: salud, nutrición, proyectos productivos sostenibles, equidad de género, ejercicio ciudadano y alfabetización en las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
c) Disminuir a un máximo de 15% la tasa de analfabetismo de la población indígena en un plazo de cuatro años.
d) Promover el diseño y desarrollo específico de auxiliares educativos que incorporen a las tic para atender a los grupos sociales más desfavorecidos, según su contexto sociohistórico y lingüístico.
Principales acciones
a) Emprender una Campaña Nacional de Alfabetización Siglo XXI. Se trata de realizar una intervención masiva, que incorpore a sectores muy amplios de la sociedad mexicana, principalmente a los jóvenes, en las tareas de alfabetización en todo el territorio nacional. Para ello se propone:
• Crear un Consejo Nacional para el diseño y coordinación de la campaña, que recupere y articule las experiencias del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) y del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), los programas gubernamentales y de las universidades públicas, incluidas las de la UNAM.
• Convocar a la participación de todas las instituciones de educación media superior y superior, públicas y privadas, los gobiernos estatales y la sociedad en su conjunto para configurar una acción concertada y ordenada de alcance nacional.
• Establecer estrategias diferenciadas y flexibles a partir de la identificación de zonas de rezago y su caracterización.
• Acompañar la estrategia con acciones y programas de intervención comunitaria de alto impacto orientadas al combate a la pobreza, que den sostén a la acción alfabetizadora.
• Aprovechar la vía del servicio social en todo el país para la campaña, con estudiantes de instituciones públicas y privadas, incluyendo a quienes prestan servicio militar obligatorio.
• Convocar a la iniciativa privada, para que se comprometa a colaborar con recursos financieros y con apoyo suficiente de los medios de comunicación para su impulso y difusión.
• Generar un esquema de becas específico para que cualquier joven que tenga interés en participar pueda incorporarse a la Campaña.
• Desarrollar materiales didácticos mediados por tecnologías digitales como apoyo a los modelos de alfabetización y para la formación y educación permanente de los adultos.
• Generar incentivos y apoyos diferenciados para contrarrestar la marginación de indígenas, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores, para fomentar su incorporación a los programas de alfabetización.
• Elaborar y poner en marcha un programa de seguimiento de largo plazo que favorezca el mantenimiento de los niveles de lecto-escritura y de la alfabetización en las TIC.
2. Abatir el rezago educativo
El rezago educativo es una manifestación de las grandes carencias y desigualdades que privan en una sociedad como la mexicana; obstruye las capacidades de los individuos que están en esa situación y compromete seriamente nuestro desarrollo como nación, así como la cabal inserción de México en la era del conocimiento. En 2010 había más de 30 millones de mexicanos, mayores de 15 años (41%) en condición de rezago, cifra similar a toda la matrícula escolar del país, desde el nivel básico hasta el medio superior.
El rezago total conjunta a poblaciones diferentes. Se considera rezago histórico a los mayores de 50 años analfabetas o que no tienen la educación básica concluida; rezago transicional al grupo entre 35 y 49 años; y rezago reciente a los jóvenes entre 15 y 34 años. Las estrategias para enfrentar el rezago exigen tomar en cuenta las especificidades de cada uno de estos grandes grupos, así como condiciones de género, étnicas, ocupacionales y de ubicación geográfica de diversas poblaciones.
Objetivos
a) Reformular las funciones, organización y alcances del INEA y del CONAFE, para dar curso a programas y acciones rigurosos y flexibles, que permitan abatir el rezago educativo en forma progresiva, asegurar la terminación de la primaria, de la secundaria y, posteriormente, la educación media superior, entre la población mayor de 15 años que no ha concluido dichos tipos y niveles educativos y no cursa estudio alguno.
b) Definir criterios y modalidades de atención del rezago en las zonas de exclusión social, que se definan como áreas de educación prioritaria para la atención de grupos vulnerables, donde se establezcan las mejores condiciones de infraestructura y equipamiento, los mejores profesores y los mejores servicios de apoyo psicológico, orientación, cultura e innovación.
c) Disminuir las tasas de deserción y abandono escolar en todos los tipos y niveles educativos; generar las condiciones en las escuelas para la permanencia y conclusión de los ciclos escolares, especialmente para los grupos más desfavorecidos: población indígena, migrantes y alumnos con capacidades diferentes, sin olvidar el caso de personas con aptitudes sobresalientes.
Principales acciones
a) Realizar diagnósticos para definir con claridad los factores que explican el rezago educativo en los diferentes grupos de edad y poblaciones. Establecer un sistema masivo de becas y estímulos, con la participación de los sectores público, privado y social, así como otros incentivos como la liberación de horas laborales para promover la conclusión de los estudios.
b) Aglutinar y coordinar los mecanismos de acreditación y certificación de diferentes niveles educativos, particularmente los hoy asignados al INEA, al Consejo Nacional de Normalización y Certificación (CONOCER) y al conafe, en un sistema accesible, público y gratuito, para la acreditación de grados y niveles educativos y para la certificación de conocimientos.
c) Brindar apoyo a los estados y municipios donde se ubiquen las zonas de educación prioritaria, bajo el compromiso de establecer plazos para alcanzar las metas.
d) Diseñar incentivos para los centros laborales que desarrollen acciones que faciliten el abatimiento del rezago escolar de sus trabajadores.
e) Crear o reforzar mecanismos de detección, prevención e intervención temprana para poblaciones en riesgo de rezago en cada centro escolar.
f) Aplicar modelos de educación abierta y a distancia con fines de regularización escolar y de abatimiento del rezago educativo.
g) Hacer obligatorio que las dependencias de la administración pública de los tres niveles de gobierno cuenten con programas de fomento a la conclusión de los estudios del personal que labora en ellas.
3. Hacer efectivo el derecho y la obligatoriedad de la educación
De acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Educación Pública, la tasa bruta de cobertura educativa por nivel en 2011 alcanza 81% en preescolar, 100% en primaria, 96% en secundaria, 67% en media superior y 33% en la educación superior. El análisis de tasas de cobertura bruta a nivel de los estados, municipios y centros urbanos presenta un escenario diferenciado de cobertura por tipo y nivel, en el que destaca la enorme desigualdad existente y las enormes brechas entre las coberturas deseables y las reales en los tipos y niveles de educación obligatoria.
La cobertura en educación superior, aun tomando en cuenta las tasas brutas, es extremadamente baja en comparación con países de niveles socioeconómicos similares y con ubicación regional y desarrollo histórico semejantes. El 74% de los jóvenes entre 12 y 29 años que no estudian ni trabajan y no superaron los estudios de secundaria, equivalen a 4.8 millones, de los que poco más de 80% son mujeres. El indicador de cobertura nacional en este tipo educativo es inferior al promedio latinoamericano y ubica a México en el lugar 80 de la lista mundial. Estas deficiencias obligan al desarrollo de políticas y acciones orientadas a la ampliación de la cobertura educativa en nuestro país.
Objetivos
a) Garantizar el derecho a la educación que establecen los principios constitucionales y establecer las condiciones para avanzar en su exigibilidad, con una atención y servicio rigurosos y pertinentes para todos los sectores sociales y en todo el territorio nacional.
b) Garantizar la obligatoriedad de la educación básica y media superior haciendo realidad la cobertura universal neta en estos niveles, principalmente con oferta de educación pública.
c) Ampliar la cobertura bruta en educación superior hasta alcanzar a 60% del grupo de edad de 19 a 23 años en un decenio, con calidad educativa y pertinencia científica y social.
d) Extender y reforzar el sistema de becas para disminuir la deserción, mejorar la permanencia, favorecer la eficiencia, y mejorar las condiciones generales para asegurar la impartición de educación de calidad.
e) Contar con las instalaciones físicas idóneas para contribuir a mejorar la calidad, cobertura y pertinencia de la educación y la cultura, a través de preservar, modernizar, innovar y ampliar la infraestructura requerida de conformidad con las innovaciones tecnológicas y educativas registradas, al igual que con los requerimientos de los grupos vulnerables y desfavorecidos.
Principales acciones
a) Desarrollar los programas necesarios para garantizar la retención programada de la totalidad de los niños y jóvenes en los niveles de educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, atendiendo tanto factores económicos y culturales como del modelo educativo (curricular y pedagógico).
b) Establecer un órgano especializado, a la manera de un observatorio ciudadano, en materia de exigibilidad del derecho a una educación de calidad.
c) Desarrollar mecanismos de consulta que permitan la participación de las comunidades indígenas para la definición del quehacer educativo en su localidad y región.
d) Ampliar y crear nuevos incentivos para aumentar la permanencia de los niños y jóvenes en los niveles de educación obligatorios. En particular, definir estrategias y mecanismos de apoyo académico que incrementen la permanencia en la educación superior, particularmente durante el primer año de estudios.
e) Establecer un Sistema Nacional de Becas que permita vincular los programas desde el nivel básico hasta el posgrado, que atienda al desempeño de los estudiantes.
f) Diseñar y operar el Sistema de planeación y evaluación de la infraestructura física educativa y fortalecer el marco normativo para su desarrollo.
g) Fortalecer el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, complementando su marco jurídico para que opere como órgano regulador y dotándolo de los recursos financieros y humanos necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones normativas, posibilitar el cambio estructural del organismo para la construcción y rehabilitación de la infraestructura física educativa del futuro, fortalecer la innovación tecnológica en la materia y estimular la participación social en la planeación, construcción, mantenimiento, resguardo y supervisión de los espacios educativos.
h) Operar nuevos modelos flexibles de secundaria y educación media superior que favorezcan la ampliación de la cobertura y evaluar el desarrollo de modalidades que integren los estudios de secundaria y bachillerato.
i) Establecer nuevas instituciones de educación superior (IES) y consolidar las existentes con una oferta diversificada y pertinente, que promueva la incorporación de investigadores y profesores jóvenes para fortalecer la planta docente e incrementar la investigación.
j) Involucrar en los programas educativos de manera colaborativa a las escuelas con las empresas, los museos, las bibliotecas, las asociaciones y clubes para mejorar los conocimientos, habilidades y aptitudes que requieren el aprendizaje de las ciencias, las humanidades, la tecnología, la innovación, la cultura y las artes.